Con respecto a las Fuentes Prohibidas se prohíben las fuentes de financiamiento provenientes de: Personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto para asuntos de formación e investigación. - Organizaciones nacionales o extranjeras que realicen actividades delictivas. Personas naturales contra quienes se haya formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos de narcotráfico y contra la administración pública. Personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan generado en más de 50 % en contratos con el Estado, que administren recursos públicos o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales. En cuanto a la Verificación y Control de Campañas se propone que exista mayor control y transparencia financiera existiendo: Presentación bimestral de informes de ingresos y gastos durante la campaña electoral por parte de los partidos políticos. Creación de un sistema interno de control interno, para la adecuada utilización y contabilización de los actos y documentos de contenido económico. Publicidad de la información financiera de los partidos políticos a través del portal web de la ONPE, a través de un lenguaje accesible para el público en general. Asimismo en las Sanciones administrativas se propone: Multas graduales (3 UIT, 10 UIT, 20 UIT) dependiendo de la gravedad de la falta. Desarrollo preciso de los supuestos de incumplimiento, clasificándolos en relación a su gravedad. Inhabilitación de candidatos que realiza reparto de bienes o de dinero como parte de la campaña electoral. La existencia de un marco que establezca relaciones claras y precisas entre los aportantes de fondos y los partidos políticos, deben plantear un sistema que promueva la transparencia en el origen de los fondos partidarios, tanto públicos como privados, la limitación y control de los mismos, finalidad que va más allá de garantizar condiciones equitativas en las campañas electorales, ya que se busca también democratizar los sistemas electorales y una mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos y en aras de la igualdad de oportunidades en la participación política. Se ha podido constatar, por las declaraciones recibidas en la Comisión Investigadora de la influencia del narcotráfico en la política, que candidatos de movimientos regionales y organizaciones políticas locales, disfrazan bajo el manto del aporte anónimo, de regalos de bienes a sus electores, de dar libertad a integrantes de sus listas en el manejo de campaña, entre otros, el real gasto de campaña que realizan; y, cuando la organización política reporta a la ONPE, en 964