HUMBERTO MORALEZ RAMÍREZ salvo que ello responda a situaciones no imputables al contratista”, un verdadero harakiri cometido por los que elaboraron las bases de la referida obra; es decir, debería pagarse algo de 12 millones de soles por tener maquinaria en “stand by” es decir esperando a ser utilizada y no como debería ser por horas máquinas trabajadas. Así nace el primer argumento para ir al arbitraje. Otro argumento en el que se basan las pretensiones de Odebrecht para cobrar los 25 millones está en las solicitudes de ampliación de plazo por el tema de la famosa huelga indígena que se realizó en Lamas, y no en Cuñumbuque, y con este argumento y otros, sumarían los millones que solicitaba Odebrecht. b. El caso de los árbitros Los árbitros del proceso en el caso Odebrecht; han sido contratados de la siguiente manera: Mario Castillo Freyre (presidente), el mismo que fue puesto por la sala comercial de Lima. Alfredo Zapata Velasco, fue colocado por ODEBRECHT y Ricardo Espinoza Rimachi fue incluido por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. El encargado de la contratación del árbitro del Gobierno Regional de San Martín, fue Juan Carlos Silva, abogado involucrado en un caso de pago de honorario de éxito por procesos seguidos en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. En el primer fallo del laudo, los tres árbitros, incluido el que debía defender los intereses del Gobierno Regional de San Martín, le dan la razón a la empresa ODEBRECHT, por lo tanto, la institución durante la gestión de Nueva Amazonía, se disponía a pagar los 25 millones de nuevos soles. No obstante, el Proyecto Huallaga apela y gana en el Poder Judicial. Sin embargo, sorprendentemente la empresa apela para 157