El Ministerio de Relaciones Exteriores y el servicio diplomático donde se modificó la orientación histórica de la diplomacia peruana a privilegiar una política latinoamericanista comprometida con la democracia y el Tercer Mundo. En vez de ello se sometió a los diplomáticos y se orientó la política exterior al cumplimiento de la agenda presidencial. Implementación de un sistema normativo “ad hoc” para dotar a los actos ilegítimos del régimen de visos de legalidad. Este sistema normativo habría sido construido por el Congreso delegando una buena parte de sus funciones en el Poder Ejecutivo que, a su vez, habría estado convenientemente asesorado por algunos estudios de abogados. Captura de los principales medios de comunicación e implementación sistemática de campañas de manipulación de la opinión pública. Los medios habrían sido fundamentales para manejar la opinión pública y piezas claves de toda la maquinaria reeleccionista. Manejo de los Programas de Asistencia Alimentaria para el clientelismo. El Estado central intervinó activamente en materia económica a través de extensos programas sociales cuyo fin último era someter las conciencias de los supuestamente beneficiarios. Puesta en marcha sistemas de planillas paralelas para los altos funcionarios del Estado, quienes recibían sus honorarios pagados por las Naciones Unidas, aunque era el mismo Estado quien depositaba el dinero en las cuentas del PNUD para dichos pagos. Eliminación de los Gobiernos Regionales y centralización en el Ejecutivo de las decisiones sobre la inversión y las obras públicas en provincias. Este proceso vino acompañado de un enfrentamiento sostenido contra los municipios. Para validar su autoritarismo, el Gobierno de Fujimori buscó a cualquier costo la legitimación proveniente de la OEA y del gobierno de los Estados Unidos. Una fuente adicional de corrupción durante la década pasada habría sido el narcotráfico que habría proveido de ingentes recursos aún no cuantificados. Ellos son especialmente importantes porque durante el período materia de nuestra investigación, el control de las zonas cocaleras pasó de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. Así, estas zonas fueron controladas por altos oficiales cercanos al entorno de Vladimiro Montesinos. La red de corrupción así conformada abusó de la información privilegiada a su alcance, y del excesivo poder concentrado, violando sistemáticamente los niveles legalmente establecidos para la toma de decisiones. Al mismo tiempo, se emplearon decretos de urgencia, disposiciones de excepción y decretos supremos, muchos de ellas secretos, para usufructuar ilícitamente y en beneficio propio los recursos del Estado. Ninguno de los actos descritos constituyó un hecho aislado de corrupción. Por el contrario, expresaron una forma ilegal de ejercicio del gobierno para sustraer recursos públicos y patrimonio nacional en beneficio propio y de terceros. 8