Superintendente fueron muy intensos llegando a ocupar el puesto por momentos muy reducidos. Durante la gestión del Superintendente Adrián Revilla, 1994-1996, se registra la organización de una policía adscrita a la institución, puesta al mando de jefes provenientes del Ministerio del Interior. Esta policía podría haber estado bastante corrompida porque en su poder se halló irregularmente la base de datos y con esa información se podría haber realizado operaciones de extorsión a contribuyentes en falta. Han circulado versiones en este sentido y la CIDEF está investigando la materia. A continuación, en 1997, la SUNAT puso en marcha la operación del RUC Sensible como una pantalla de protección de los miembros más prominentes del núcleo corrupto en el poder. La declaración jurada de Vladimiro Montesinos se había filtrado por primera vez a la prensa y la noticia había conmocionado al país puesto que se conoció que sus ingresos alcanzaban dos millones de dólares anuales. La reacción de Jorge Baca, entonces Superintendente, fue abrir proceso disciplinario a funcionarios de mando medio por violar el secreto tributario y, en forma paralela diseñar el RUC Sensible. Este último es un procedimiento que hizo posible que un conjunto de altos funcionarios públicos no sean sujetos de control y verificación tributaria. Sin embargo, este procedimiento fue oscuro desde el comienzo. Así, por ejemplo, no se ha hallado acta de directorio que apruebe formalmente un diseño estructurado y fundamentado. Del mismo modo, aunque el RUC Sensible fue presentado como un doble control del secretos tributarios reservado para altos funcionarios públicos; pero, acabó siendo utilizado como una lista de personas y empresas puestas más allá de toda investigación y sospecha. De forma por demás increíble la composición de la lista se fue ampliando hasta abarcar a personas que no tenían relación alguna con el poder formal como Matilde Pinchi Pinchi. Incluso la empresa JJ Camet Constructores, propiedad de los hijos del ex ministro de Economía, habría estado incluida en una lista de espera formal, preparándose para su pronta incorporación a este mecanismo cuando cayó el régimen de los noventa. Es así que, de una manera similar al caso de la CGR, la SUNAT habría servido para hostigar personas jurídicas y naturales vinculadas a la oposición. Si hacemos un balance, la SUNAT parece repetir el patrón de conducta al que fueron sometidas las instituciones controladas por la mafia. Esto es, encubrió la corrupción en curso y promovió acusaciones contra los adversarios del gobierno. Sin embargo, no se puede omitir los profundos efectos de la reforma positiva de 1992. Gracias a la mencionada reforma, la SUNAT es una oficina moderna y bien equipada; cuenta con personal de primer nivel y relativamente bien remunerado; disponiendo además de una reserva profesional competente que le ha permitido reaccionar positivamente ante el fin de la corrupción. Por el contrario, en la CGR el nivel profesional registrado es inferior porque el Estado ha mantenido una actitud histórica de negligencia frente a la institución. En el caso de la SUNAT se constata que la red de corrupción fue muy poderosa y abarcó diveros miembros de la alta dirección de la institución. Esta red se extendió al Tribunal Fiscal. En esta institución, dependiente del MEF, se resuelven diversos casos administrativos, uno de los cuales son los procesos iniciados en la SUNAT. Pues bien, la Quinta Sala de este Tribunal fue manejada por personajes vinculados al SIN, como por ejemplo el mismo contador personal de Vladimiro Montesinos, Juan Guillén Meza, quien la presidía. Así, encontramos evidencia de una red que habría conectado la 135