Tal negligencia vino acompañada por un extraordinario celo en la revisión de las cuentas de las escasas instituciones públicas lideradas por fuerzas de oposición democrática. Es el caso de las municipalidades, las mismas que fueron objeto de intensas campañas de verificación. Así, las municipalidades recibieron equipos profesionales provenientes de la CGR que se instalaron por meses en sus oficinas revisando con lupa toda la administración. No obstante que las municipalidades apenas recibían el 3,5% del presupuesto y nada hacía presagiar que ahí se hallara el núcleo de la corrupción pública. Las razones para este celo eran políticas y guardaban directa relación con las necesidades del gobierno para enfrentar exitosamente a sus oponentes. En la otra cara de la moneda, la CGR se caracterizó durante los 90 por su omisión de control a los grandes procesos económicos que estaban ante su vista: las compras militares y las privatizaciones. Así, por ejemplo, la CGR no observó irregularidades mayores, como numerosos contratos de operación de las empresas privatizadas distintos a las bases de los concursos de adjudicación, indicando con claridad que las empresas ganaban las licitaciones y luego negociaban los verdaderos términos. Es decir, durante el régimen de los noventa, la CGR fue una pantalla que permitió ocultar la corrupción en curso cometida por los integrantes de la cúpula gobernante. Asimismo, en forma paralela, la CGR fue un instrumento de lucha contra la oposición democrática. Su núcleo dirigente estuvo comandado por Víctor Caso Lay, que en virtud a su nombramiento por un período largo, tuvo estabilidad y fue un poder sin contrapeso interno. Incluso, durante los años del fujimorismo, el contralor mantuvo extrañas conexiones con el contador de la banda de Los Camellos, Edwin Antón, quien además de ser socio de Víctor Caso Lay en la empresa Ivad Services S.A, fue colocado en puestos claves de la Contraloría. La segunda institución analizada ha sido la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT, que cumple funciones de ente recaudador, registrando y denunciando los incumplimientos tributarios tanto de empresas como de personas naturales. Esta institución nació en 1989 cuando el presidente Alan García la independizó de la antigua Dirección General de Contribuciones, que pertenecía al Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. No obstante, no se produjo ninguna transformación sustantiva hasta febrero de 1991 cuando fue nombrado Manuel Estela como Superintendente Nacional. Manuel Estela lideró una profunda transformación institucional que logró crear tanto una nueva moral como modernizar tecnológicamente y renovando de la calidad profesional de sus integrantes. Si hacemos una comparación con la CGR, los recursos que obtuvo y la prioridad concedida a la SUNAT son largamente superiores a la primera. A Fujimori y al núcleo corrupto gobernante le interesaba un ente recaudador moderno, ágil y eficiente porque abastecía de dinero al aparato del Estado. En cambio, la Contraloría siempre les fue incomoda. El aliento de la reforma duró dos años y se fue extinguiendo progresivamente, hasta que Jorge Baca Campodónico fue nombrado Superintendente en 1997. En ese período y en los subsiguientes se habrían producido gruesas dificultades que comprometieron la gestión institucional. Los cambios de personal y organigrama fueron frecuentes y dieron grandes poderes a un grupo de funcionarios estables que podrían haber sido funcionales a la corrupción en curso. Al final del período, los cambios de 134