III.3 Las licitaciones de obras públicas en la construcción El sector construcción fue uno de los mayores participantes de la expansión experimentada por la economía peruana durante unos años a mitad de los noventa. En este ciclo de crecimiento, la inversión pública fue un componente fundamental. Así, tomando como referencia el Presupuesto General de la República, de los 10,000 millones de dólares destinados a inversiones por el Estado durante la década, el 25% (2.550 millones) fue destinado para la ejecución de obras públicas. El sector construcción creció más que el PBI global hasta fines de la década de los 90. El examen de las inversiones de los recursos de la privatización en el sector construcción ha permitido verificar la concentración de los fondos en siete de las más importantes empresas constituidas en el país. El monto de las inversiones efectuadas, la frecuencia de contratación anuales, así como los indicadores de su representación en la economía nacional permiten establecer que la construcción de obras públicas contratadas por el Estado fue una política pensada para dinamizar la economía, concentrando esfuerzos y recursos en este sector. Asimismo, este mismo examen permite entender la importancia gravitante de un grupo de grandes empresas que fueron los ejecutores de la mayor parte de las inversiones públicas. Lo ideal hubiera sido que este gasto estuviera acompañado por una adecuada estructura gubernamental de ejecución y fiscalización, que permita el establecimiento de las prioridades de cada una de las obras licitadas, verifique el impacto socio económico de cada una de ellas, proceda al estudio del costo beneficio para dinamizar a futuro la economía del país o del sector a la que estaba dirigida y establezca un plan de desarrollo sostenible del sector. Al mismo tiempo, observamos que no se hizo nada de esto, sino que por el contrario, se procedió con una desordenada o inexistente planificación. La improvisación vino acompañada por la ausencia de una adecuada fiscalización, provocando al mismo tiempo que su ejecución responda a la búsqueda del clientelismo político. Es en estas circunstancias se observa que las obras públicas fueron ejecutadas por cuatro entidades estatales: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, Instituto Nacional de Desarrollo, INADE, El Servicio de Agua Potable y Desague de Lima, SEDAPAL y las Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, INVERMET. Estas cuatro entidades entregaron las obras preferentemente a las 7 empresas constructoras más grandes del país. El procedimiento de esta concentración fueron concursos que implicaban un volumen de operación cuya magnitud bloqueaba el concurso de otras empresas constructoras medianas o pequeñas que fueron conducidas irremediablemente a sub contratar en condiciones de inequidad. La empresa mediana o pequeña que no ingresaba al sistema estaba condenada a desaparecer. Dichas obras eran adjudicadas a través de dos modalidades dependiendo del monto de las mismas; si eran menores a 600,000 mil dólares se procedía a adjudicar las obras directamente. Hemos hallado que muchos de estos contratos fueron entregados directamente a empresas vinculadas a altas autoridades del régimen. Por ejemplo, páginas más adelante se halla una sección que analiza el caso de la empresa Mesala S.A. 125