El sexto caso en la lista es sobre la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, elaborado por el Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA, Bolivia). En este se presentan los pormenores de un proyecto de carretera
que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), zona protegida habitada por pueblos
indígenas desde antes de la colonización, con gran abundancia de especies endémicas y clave para la regulación de las
aguas y del clima de los valles aledaños, altamente productivos. En 2008 la construcción de la carretera fue adjudicada a
la Empresa Constructora Brasilera OAS, con un costo de $415 millones de dólares, de los cuales $332 millones de dólares
(80%), corresponden a financiamiento del BNDES y 20% provienen de la contraparte nacional. El proceso de adjudicación
fue denunciado a instancias judiciales por sobreprecio e incumplimiento de leyes bolivianas, y por haberse llevado a
cabo con modalidad “llave en mano”, figura jurídica que consiste en que el contratista asume la responsabilidad global
de la obra que el mismo concibe. Además se ha alegado, por parte de los afectados, poca o nula información previa
y no consideración de la opinión de la población que puede ser afectada por el proyecto. Dados los incumplimientos
y la creciente oposición de las comunidades el contrato se anuló, sin embargo el caso es relevante para el presente
estudio pues evidencia la forma en que proyectos carreteros de este tipo en Bolivia se han venido implementando con
el apoyo del BNDES, sin que se implementen adecuadas políticas socio-ambientales ni se respeten los derechos de las
comunidades.
En el siguiente caso documentado, el asesor Técnico de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB),
describe otro proyecto carretero, el tramo Rurrenabaque - Riberalta, localizado en el norte amazónico de Bolivia,
que es parte del Proyecto Carretero “Corredor Norte”, promovido por el Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR. El proyecto es considerado esencial para la integración del noreste boliviano
y para funcionar como ruta comercial para exportaciones brasileñas hacia Asia. El corredor Norte ya fue objeto de
una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que señaló los múltiples efectos del conjunto de obras y determinó la
necesidad de elaborar un Plan de Acción Estratégico para manejar los múltiples impactos socio-ambientales previstos.
Los impactos posibles incluyen deforestación, afectación de pueblos indígenas y contaminación fluvial. Sin embargo,
el Estado de Bolivia no ha asignado hasta la actualidad ningún presupuesto para la implementación de dicho Plan de
Acción Estratégico, por lo cual viola la legislación nacional e internacional respecto a la protección de poblaciones y
territorios (especialmente áreas protegidas), afectados por este tipo de mega-proyectos.
El caso siguiente, analizado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), versa sobre la central
hidroeléctrica San Francisco, la cual se estima provee el 12% de la energía que consume el país, y cuya construcción
estuvo a cargo del consorcio ODEBRECHT-ANSALSO, por encargo de HIDROPASTAZA S.A (sociedad anónima, cuyo 20%
de participación accionaria es de Odebrecht). Acá la particularidad reside en la modalidad del financiamiento, que
fue hecha a través de un crédito del BNDES a HIDROPASTAZA S.A., que contó con la garantía del Estado Ecuatoriano,
además se creó una auditoría realizada por la Comisión de Auditoría del Crédito Público. Este organismo encontró que
“indicios de ilegitimidad, ilegalidad y condicionalidades que afectaban los intereses del Ecuador”. Esto, sumado a fallas en la
construcción de la obra entregada en junio de 2007, originó que en octubre del 2008, Odebrecht fuera expulsada del
Ecuador y se llevara el caso a un proceso de arbitraje del convenio de crédito, ante la Cámara de Comercio Internacional
de París. Este ente falló a favor del BNDES y el Estado de Ecuador llegó a un acuerdo de reparación con Odebrecht, quien
finalmente volvió a operar y entregó la obra con las reparaciones en julio de 2012.
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