crédito; está falseando la información a la Superintendencia de Banca y al falsear la información a la Superintendencia de Banca, está operando en circunstancias en las cuales no solamente está incumpliendo con ella, sino que también está incumpliendo frente a sus clientes porque presenta una imagen del banco que no es la del banco y entonces los depositantes se colocan en una situación muy crítica. Más aun, el Estado en noviembre del 98, un mes antes del ingreso de Cofide, coloca 220 millones de dólares en el Banco Latino en una operación que obviamente busca darle liquidez y salvar la situación. Yo me pregunto si el Estado lo hubiera hecho si hubiera tenido la Superintendencia una información adecuada de cuál era la situación. Entonces, lo que quiero decirle es, ciertamente el banco como tal, probablemente el que tenga las garantías saneadas o no, puede o no ser delictivo. Pero el tipificar equivocadamente cuál es su cartera, el no entregar la información adecuada a la Superintendencia de Bancos, el dar una impresión de la solvencia del banco a los clientes que no es real; evidentemente configura en su conjunto por lo menos un manejo que pareciera doloso. Aparte de algunas operaciones como la famosa operación de Argos que parece realmente una estafa y que era una operación previa hecha por el propio grupo Picasso. ¿Entonces, ahí no considera la administración que encaraba una situación más complicada que la del reflotamiento puramente del banco para tratar de venderlo y que había un cuadro de fenómenos dolosos que ameritaban una acción legal? El señor WEBB DUARTE.— Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con usted en esa caracterización que hace de la situación. Y sí creo que era una obligación investigar y denunciar los hechos que habían producido esa situación en el banco, pero no consideramos en ese momento —y sigo pensando que no era una obligación— de que el directorio, la nueva administración del banco lo hiciera, si es que teníamos conocimiento seguro de que la entidad más competente para hacer esa investigación ya estaba haciendo esa investigación y estaba procediendo rápidamente a una denuncia. Tal es así que ya en enero, o sea, al mes y pico de nuestro ingreso al banco, ya tenían informes y en febrero ya se presenta una denuncia a la Fiscalía. Y ese trabajo además de investigación se está haciendo con la colaboración de la administración del banco. O sea, nosotros no estábamos liderando, dirigiendo esa investigación, pero obviamente estábamos colaborando. No somos nosotros al final los que redactamos la denuncia. Esa es mi opinión. El señor PRESIDENTE.— Acá hay un hecho, doctor Webb, que nos llama la atención, aparte de lo que pudiera ser una diferencia de criterio sobre si esto era una responsabilidad de la Superintendencia exclusivamente o de la administración del banco. El señor Barcklay que ha estado aquí en la Comisión —y esto obviamente se lo presento como parte de una sesión de carácter reservada— nos ha dicho lo siguiente: Le preguntamos: “¿cuáles son las razones por las cuales no se determina en los informes que hace la Superintendencia en el momento inicial de la intervención de Cofide el año 99, la situación real de deterioro que estaba experimentando el banco”, le pregunto yo. Y él contesta: “esta es una realidad, pero se lo explico con la crudeza que merece. Si el banco — estoy hablando de febrero, marzo, abril y en adelante del año 99— hubiera expuesto en ese -22-