unidades de negocio: construcción, suministro de agua de riego y generación
hidroeléctrica.
En su sesión del 29 de agosto de 1999, la Copri aprobó las bases del “Concurso
Internacional de Proyectos Integrales para la Concesión del Proyecto Especial
de Irrigación e Hidroenergético Olmos”. Este concurso se convocó para los días
5 y 6 de setiembre de 2000. Seguidamente, en setiembre de 1999, la empresa
consultora ECSA Ingenieros concluyó la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del proyecto, el cual se realizó sobre la base del contrato suscrito
entre la empresa consultora y FOPRI-COPRI (actualmente Proinversión). La
Copri en su sesión del 20 de agosto de 2000, al prorrogar con fecha abierta la
presentación de propuestas técnicas y económicas, oficializó la suspensión del
referido concurso; y en la sesión del 29 de agosto de 2001, tomó la decisión de
reactivar el mismo, sobre la base de adecuaciones del Plan de Promoción que
permitieron la incorporación del componente eléctrico del proyecto y la
restitución del rol del Estado dentro de la estructura financiera, estableciendo el
cofinanciamiento en US$ 40’000,000.00.
A partir del 16 de setiembre de 2001, la conducción del proceso de promoción
de la inversión privada en el Proyecto Olmos quedó a cargo el Comité Especial
en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, en virtud a lo dispuesto en
la Resolución Suprema N° 444-2001-EF. Para efectos del relanzamiento del
referido concurso, el comité tomó una serie de medidas y decisiones
preparatorias hasta el 4 de marzo de 2002, entre las que destacaron las
siguientes:
a.
la adecuación del esquema financiero considerando el
cofinanciamiento del Estado hasta US$ 40’000,000.00, con
condiciones de financiamiento aprobadas por Resolución Ministerial
N°328-2001-EF/10 del 8 de noviembre de 2001;
b.
los lineamientos de garantías del Estado, mediante los cuales se
garantizaba la transferencia a favor del concesionario de US$ 40’000,
000.00 adicionales, producto de la venta de las 27,000 hectáreas de
tierras comprometidas en el esquema de concesión; y,
a.
la garantía de pago por los servicios de suministro de agua de riego
en las tierras que aún no hubiesen sido vendidas.
A pesar de estos cambios significativos, tan solo se logró la incorporación de dos
nuevos adquirentes de las bases, los cuales postergaron sucesivamente la
presentación de sus documentos de calificación (Sobre N° 1) para adquirir la
categoría de postores, a la vez que los antiguos postores no demostraron el
interés que se había esperado en la preparación de sus ofertas.
Adicionalmente, se evidenció que la posibilidad de transferir el producto de la
venta de las tierras al concesionario era legalmente inconsistente, de modo que
para mantener la continuidad del proceso y para incrementar las posibilidades
de su culminación exitosa, se requería la reestructuración del esquema
financiero integrando al cofinanciamiento los importes de los compromisos
dinerarios del Estado por la venta de las tierras hasta por los US$ 77’000,000.00
originalmente aprobados en el plan de promoción.
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