INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A
FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS,
ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR
CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO.
evidencias de ingresos no justificados, coimas y transferencias irregulares que
comprometen a las más altas autoridades del Estado de los tres últimos
gobiernos.
Varias de las personas convocadas no han respondido a las citaciones,
obstaculizando de esta manera la investigación; no habiendo la Comisión
utilizado los apremios que el reglamento y la ley otorga por el escaso tiempo con
el que hemos trabajado, remitiéndose al análisis de los hechos encontrados en
cada uno de los casos.
Una de las limitaciones que hemos tenido, ha sido la falta de cooperación del
Ministerio Público y del Fiscal de la Nación, quien no permitió que se nos
entregara la información que la Procuraduría del Brasil preparó por pedido
expreso de la Comisión Investigadora en su oportunidad. Esa información estaba
lista para ser entregada, sin embargo, extrapolando invasivamente el marco del
convenio suscrito por el Ministerio Público del Perú con la Procuraduría de
Brasil, no se permitió que la información nos fuera entregada, utilizando para ello
argumentos debatibles y alegando la titularidad de toda investigación.
Para evitar que este impase se repita, se necesita que el Congreso de la
República establezca el marco legal adecuado que le facilite relacionarse de
manera directa con los entes jurisdiccionales de otros países.
Otra limitación ha sido que la investigación ha sido paralela al cronograma
electoral, lo que motivó que las citaciones a los ex presidentes/candidatos se
postergara hasta después de la elección del 10 de abril, generando un retraso en
la investigación.
Este informe muestra en sus conclusiones y recomendaciones indicios de graves
hechos de corrupción que deben continuar siendo investigados, ya en el nivel
correspondiente, por los organismos jurisdiccionales competentes y por el
próximo Congreso de la República en las partes que resulten pertinentes.
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