INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO. La Comisión Investigadora ha realizado 21 sesiones ordinarias, 8 sesiones extraordinarias y 11 reuniones indagatorias. Además, se ha levantado el secreto bancario y tributario a 195 personas naturales y 99 personas jurídicas peruanas y 135 personas naturales extranjeras. Se ha citado a 105 personas, habiéndose tomado declaraciones a 58 de ellas. En el trabajo desarrollado la Comisión Investigadora ha encontrado indicios y evidencias que nos permiten confirmar las hipótesis de investigación y la presunción de que diversas autoridades y funcionarios peruanos habrían recibido coimas de empresas brasileñas, en relación con sobrevalorización de diversas obras públicas, negociaciones incompatibles y lavado de activos; afectando económicamente al Estado peruano y a la institucionalidad de nuestra sociedad. Como se explica en el presente informe, la Comisión Investigadora ha obtenido documentación de fuentes públicas, extranjeras y nacionales; entidades gubernamentales e instituciones privadas, la misma que ha sido analizada. De esta manera hemos culminado esta investigación en la que hemos identificando algunos procedimientos del ―modus operandi‖, la forma en cómo diversas empresas brasileñas negociaban con el Estado para obtener obras y concesiones públicas y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano; ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto público, y prolongadas concesiones para las empresas brasileñas. En todos los casos analizados tenemos que se entrega la buena pro o se formula un contrato por un monto y luego progresivamente el costo del contrato o concesión se hace muchísimo más alto al inicialmente previsto. Para lograr ese ilícito cometido, se creó un marco legal especial en cada caso, con el que se evitó el procedimiento y la normatividad vigente. En la mayoría de los casos se encargó la obra a una autoridad especial; paralelamente a ello, los dueños y/o funcionarios de las empresas brasileras mantuvieron una relación directa y especial con las altas autoridades del Estado, las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la suscripción de los contratos de concesión o construcción. El informe señala evidencias de la sobrevaloración de las obras y por lo tanto del beneficio excesivo e irregular de las empresas brasileras y el consiguiente perjuicio al Estado peruano, así como indica las observaciones legales y los hechos que muestran lo innecesario del marco legal especial creado; muestra además las reuniones, acercamientos y hechos sospechosos existentes alrededor de estas obras y concesiones, varios de los cuales son parte de las investigaciones desarrolladas en el Brasil en los casos ―Lava Jato‖ y ―Castillo de Arena‖. Señalamos, además, los hechos y los hallazgos en donde existen Página 6 de 650

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