POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 49 “La forma de operar los grupos criminales ha cambiado y su conexión con el poder político corrupto se ha reforzado merced a su internacionalización. Todas estas ideas previas nos permiten recordar la naturaleza política del crimen organizado y su principal riesgo: la destrucción del Estado moderno o su aún mayor debilitamiento, de forma tal que deje de garantizar el monopolio de la violencia legítima, reduzca sus fuentes de riqueza a través de su sistemático ataque a los derechos de propiedad, y deslegitime su actuación, (…)”. [12] A partir de lo expuesto, conociendo la complejidad y el impacto multidimensional de esta problemática pública, surge la necesidad de fortalecer el proceso de lucha contra la corrupción, para lo cual se requiere una política pública que establezca prioridades para el logro de resultados específicos en esta materia. La política es un instrumento que permite ordenar, integrar y actualizar las acciones que ha adoptado nuestro país a la fecha, y así fortalecer las acciones de las entidades vinculadas a la prevención y sanción de los actos de corrupción. Por tal motivo, los objetivos específicos que establece la “Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción” se vinculan necesariamente a dichos ámbitos, pero incluyendo el fortalecimiento institucional con la finalidad de potenciar la capacidad de identificación y gestión de los actos de corrupción, a fin de que los indicadores fijados permitan un adecuado seguimiento y monitoreo del impacto, lo que resulta una diferencia sustancial en relación a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM. [12] Manuel Villoria Mendieta – “Crimen Organizado y Corrupción”, publicado en “La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea”. Ver: http://www.defensa.gob.es DIAGNÓSTICO Por lo tanto, la recurrente presencia de este binomio (corrupción – criminalidad organizada) no solo en la administración pública sino –por ejemplo– en las organizaciones políticas y otros ámbitos, conlleva a la obligación del Estado de afrontar su prevención, combate y sanción desde una política nacional que sirva como base para el desarrollo de planes, acciones y estrategias más eficaces, pues como indica el autor Manuel Villoria Mendieta: