cabezas de los entes técnicos encargados de fiscalizarlos. En tal sentido funcionarios provenientes de organismos de control como la SBS, Contraloría General de la República, y Sunat habrían realizado actos continuados de favorecimiento a la impunidad. 26) De manera subsidiaria la comisión ha denunciado Delitos contra la Fé Pública-Falsificación de documentos y Delitos Contra el Patrimonio como Estafa y apropiación ilícita. Otros conflictos institucionales que dieron espacio para los crimenes economicos y financieros estudiados Debe tomarse en cuenta cómo el gobierno de Alberto Fujimori y su mayoría parlamentaria, organizaron los procedimientos de fiscalización y control político, legislación, debates y de decisión presupuestal del Congreso, de forma tal que no se pudieran fiscalizar realmente los actos del Poder Ejecutivo. Así el Parlamento habría terminado siendo sometido por el Poder Ejecutivo. De este modo, las nuevas funciones adoptadas por el Congreso habrían sido amortiguar las demandas ciudadanas de control público del gobierno; respaldar disciplinadamente los mandatos del Ejecutivo y otorgarle facultades legislativas, permitiendo un manejo autocrático del Estado, legalizando la disposición del patrimonio público sin ningún control. De ese modo, el Congreso de la República fue transformado en una instancia funcional al objetivo de construir la legalidad “ad hoc” que el régimen necesitaba para la comisión impune de sus actos ilegales. Parece que la evolución de la legislación delegada y la expedición de Decretos de Urgencia durante este período sugiere gruesas incorrecciones en esta dirección. En efecto, entre 1993 y el año 2000, se emitieron 1,003 Decretos de Urgencia relacionados con la disposición de fondos públicos a través de diferentes operaciones. De este número, destacan 22 que tuvieron naturaleza secreta. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible en el Departamento de Trámite y Estadística del Congreso de la República, entre los años 1996 y 2000, sólo se trataron en forma específica cuatro casos relativos a decretos de urgencia, algunos de los cuales llegaron al Pleno y se aprobaron como Leyes. Metodología Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos que le fueran encargados por el Pleno del Congreso de la República, la Comisión Investigadora ha organizado su trabajo considerando siete áreas temáticas. Ha identificado en cada una de ellas casos específicos de investigación que permitan delimitar, el modo de operación y los principales protagonistas de la red de corrupción constituida entre 1990 y el 2000, pretendiendo contribuir con ello a la construcción de una visión integral y de conjunto de lo que ocurrió en este período. Las principales áreas temáticas de nuestra Investigación son: (a) El proceso de Promoción de la Inversión Privada (privatizaciones) a través de la venta, concesión o liquidación de empresas del Estado. 15