En lo que se refiere a la reparación civil, dijo: "Contamos hasta el año 2014, con 719 millones de reparación civil que nosotros tendríamos que cobrar. Un ejemplo, el caso Zevallos no ha pagado un solo sol de reparación civil hasta ahora, se declaró indigente.". "Estos productos de las sentencias condenatorias en diversas judicaturas del país son casi incobrables y para los extranjeros la ley los exonera del pago de la reparación civil". 2.3.5. Fiscalía Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. En la Novena Sesión, de fecha 09 de marzo 2015, la Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela, manifestó: "Sabemos que de manera clandestina bastante disimulada, se tiene información de que hay injerencia del narcotráfico en los partidos políticos.". Por tal razón estamos considerando algunas sugerencias. Uno de los problemas que impide detectar las inversiones millonarias de determinados candidatos o partidos políticos en las campañas electorales es el hecho de que los formularios actuales de las Declaraciones Juradas que se presentan ante la ONPE y ante el Jurado Nacional de Elecciones son insuficientes porque no contienen la información pertinente para detectar irregularidades. Ello es importante no necesariamente porque haya relación con el narcotráfico, en la que podría estar inmerso un candidato, sino también por el problema de la corrupción que tiene que ver con otros ingresos de procedencia ilícita. La solicitud del Ministerio Público es la reformulación de las Declaraciones Juradas, donde deben estar necesariamente incluidos los familiares de los candidatos y el patrimonio de éstos. Estamos hablando de representantes del Estado que ejercen la autoridad política. El Ministerio Público tiene autoridad para señalar, que se necesita ese instrumento con mucho detalle. Que cada candidato presente, no solamente de manera ligera o sucinta, una declaración de sus ingresos, de repente de una empresa o dos o lo que tuviese, sino que dicha declaración debe ser detallista, incluyendo datos respecto a cónyuge, hijos o su pareja si es conviviente, con una antigüedad de por lo menos 5 a 10 años. A partir de allí se podría hacer el cruce con la UIF, SUNAT, Aduanas, Registros Públicos y todas las entidades pertinentes, para los efectos de ir detectando, por lo menos administrativamente y de manera preventiva los riesgos de financiamiento ilícito. Lo que al Ministerio Público le interesa es que luego de esas prevenciones o simultáneamente se puedan ir detectando situaciones sospechosas o irregulares. Y evitar que ese candidato logre ser elegido y proclamado, porque posteriormente ya con coraza de la inmunidad, conseguirá que se retrasen las investigaciones. Los casos abundan. La Dra. Espinoza hizo un llamado de alerta sobre un posible riesgo. Dijo que a través de algunos abogados del Ministerio Público habrían tomado conocimiento institucional de la existencia en el Congreso de la República de una propuesta legislativa orientada a modificar la actual Ley de Lavado de Activos. Ello sería 58