Para facilitar las cosas hemos venido y nos hemos instalado, no es la primera vez que nos trasladamos a un penal a hacer una diligencia de esta naturaleza. Como ya lo habrá visto el señor Valencia hemos ido hasta dos días seguidos a hablar con el señor Venero pero en igualdad de condiciones y sin ningún inconveniente ni de parte del señor Venero ni de parte del juez ni de nadie. Entonces, de pronto ahora me encuentro con esta situación, señor Presidente, y yo solicito una fecha para que el señor Valencia continúe con su presentación ante la comisión y de pronto se me dice que los 10 días ya no son 10 sino son 15, y que tendrían que ser tomados como 15 días útiles. Yo quiero que se me entienda por qué me siento coaccionado porque estoy sintiendo que hay algo o alguien que no nos deja hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, señor Presidente, yo pediría que se cumpla con lo que corresponda al Poder Legislativo porque si no estaríamos dando un pésimo precedente porque nuestro poder del Estado no se somete en modo alguno a mandato imperativo alguno. El que seamos comprensivos, el que seamos —diríamos— abiertos a tratar de buscar fórmulas que permitan el entendimiento entre las personas es una situación que no está en la misma línea porque al inicio de esta sesión se nos dijo 10 días. Contados el jueves anterior esos 10 días vencerían el próximo martes, por eso que ya tendríamos plazo para poder citar. Entonces, yo pedía que dentro de eso plazo se cite, pero veo que ahora los 10 días se convierten en 15 y los 15 a partir de hoy; por lo tanto, estamos realmente fuera de un cronograma que pudiese ser razonable. Yo me siento coaccionado, señor Presidente, y he sustentado la razón por la cual me siento coaccionado porque se me está impidiendo el ejercicio de la función que el Pleno del Congreso de la República y el Congreso nos ha dado y en especial a cada uno de los miembros de esta comisión. Gracias, señor Presidente. El señor PRESDIDENTE.— La palabra, la congresista Anel Townsend. (22) La señor TOWNSEND DIEZ CANSECO.— Sí, Presidente, estamos volviendo al inicio. Es una cuestión metodológica, reglamentaria y constitucional de la Comisión. La Comisión tiene un mandato, cumple el mandato y nosotros evidentemente aprobamos por votación la citación a una persona o el acuerdo de presentarse en un establecimiento penal para continuar un interrogatorio. Y entonces, creo que eso no es materia de un debate, ¿no?. Efectivamente este es un acuerdo que nosotros tomaremos reiterando el hecho de que nosotros venimos trabajando en el marco constitucional y reglamentario, y que hemos rechazado de plano cualquier declaración escrita u oral que indique un adelanto de opinión, haciendo la salvedad de que tampoco existe la recusación a parlamentarios, porque no existe mandato imperativo ni juicio por opiniones y no ha habido un adelanto respecto al futuro penal de quien está investigado. Lo que sí existe desde el 17 de febrero es una denuncia penal firmada por todos los miembros que implica al señor Valencia, así como existen otras, —entiendo yo—, planteadas por la Procuraduría, de tal manera que está inmerso el investigado en un proceso judicial que terminará en su debido momento independientemente de nuestra tarea. -88-