eran propiciadas para mantener informado a los inversionistas privados del
avance de este proceso y en otras ocasiones para interceder a favor de estos
inversionistas ante las autoridades responsables de su ejecución.
-
Sin tener facultades, Alejandro Toledo Manrique participó e intervino en las
diferentes etapas del proceso de entrega en concesión, incluso con
anterioridad y posterioridad, su participación fue para acelerar el proceso de
entrega en concesión (reducir plazos), para que se modifiquen las condiciones
del proceso, incluso contractuales y, procurar el levantamiento de
observaciones formulados en torno al proceso de entrega en concesión, su
participación de caracterizó porque estaba dirigida a favorecer a los consorcios
brasileños que obtuvieron la bueno pro del concurso.
-
Intercedió en el proceso, a través de sus ministros que conformaban el Consejo
Directivo de ProInversión, a fin acelerar el proceso y lograr beneficios a favor
de los concesionarios.
Conforme al marco legal vigente, el presidente de la República no intervenía en
razón de su cargo en los procesos de adjudicación de obras públicas, dichas
funciones correspondían a organismos especializados como son el Comité de
Infraestructura de Proinversión, conformado por técnicos y, el Consejo Directivo de
ProInversión, conformado por algunos de los ministros de Estado. En ese sentido,
el acuerdo consistía en que Alejandro Toledo interceda a favor de los intereses de
estas dos empresas ante dichos organismos para que estos puedan materializar el
acuerdo.
En torno a la defraudación del Estado, el Ministerio Público ha calculado una
reparación civil que asciende a US$ 535´598,868.00. Este monto fue fijado en base
a los informes de control emitidos por la Contraloría General de la República.
El perjuicio económico calculado por la Comisión a la fecha asciende a US$
646´000,000.00 Millones. Este monto ha resultado del análisis de la inversión
realizada hasta el año 2017 frente a los beneficios que se habrían obtenido hasta
ese año, según los propios estudios financiados por Odebrecht.
Josef Arieh Maiman Rapaport
Habría actuado en calidad de cómplice, por cuanto brindó las cuentas de sus
empresas vinculadas para que sean receptoras del pago de los sobornos de los
grupos empresariales brasileños Odebrecht y Camargo Correa, para que a través
de ellas se materialice el pago de los sobornos a favor de Alejandro Toledo.
Avraham Dan-On
Habría actuado en calidad de cómplice al haber participado como intermediario
entre Alejandro Toledo y Jorge Barata para la adopción de los acuerdos en torno al
proyecto IIRSA Sur.
Jorge Henrique Simoes Barata, apoderado de Construtora Norberto Odebrecht
S.A; y, Marcos de Moura Wanderley, director de Camargo Correa Perú S.A.
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