Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros 1990-2001 A rea de Licitaciones y A dquisiciones del Estado 05-JUN -2002 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, INVERMET. Estas cuatro entidades entregaron las obras preferentemente a las 7 empresas constructoras más grandes del país. El procedimiento de esta concentración, fueron concursos que implicaban un volumen de operación cuya magnitud bloqueaba el concurso de otras empresas constructoras medianas o pequeñas que fueron conducidas irremediablemente a sub contratar en condiciones de inequidad. La empresa mediana o pequeña que no ingresaba al sistema estaba condenada a desaparecer. Dichas obras eran adjudicadas a través de dos modalidades dependiendo del monto de las mismas; si eran menores a 600,000 mil dólares se procedía a adjudicar las obras directamente. Hemos hallado que muchos de estos contratos fueron entregados directamente a empresas vinculadas a altas autoridades del régimen. Por ejemplo, páginas más adelante, se halla una sección que analiza el caso de la empresa Mesala S.A. vinculada de modo claro a Reynaldo Bringas, entonces Director General de Presupuesto Público. En caso que el monto de la obra pública a ser contratada exceda los 600,000 mil dólares, la modalidad correspondiente era la de concurso público. Las Entidades Ejecutoras utilizaron bases administrativas para regular los requisitos técnicos de los concursos que se crearon de manera ex profesa para los casos donde el financiamiento internacional estuviera presente1. Entre dichos requisitos se encontró que la evaluación técnica eliminó las diferencias de capacidad técnica (ergo, experiencia, equipamiento, recursos humanos y organización) entre las empresas postulantes, pues estableció sólo dos niveles excluyentes en este tema: las empresas que llegaban a un puntaje mínimo determinado fueron consideradas “aptas” para participar en la oferta económica; y aquellas otras que al no alcanzar tal puntaje fueron calificadas “no aptas”. Se pretendió con este nuevo sistema, eliminar la distorsión que se producía utilizando el puntaje que iba sumando cada empresa a través de diversos rubros, como por ejemplo: experiencia temporal, capital social y otros, que iban acumulando ventajas a los ya establecidos y que sólo servían para perpetuar a un grupo de grandes empresas. Inclusive, durante la década se ha sostenido públicamente que este puntaje era adulterado para obtener fraudulentamente la licitación pertinente. Así, se constata que ambos procedimientos llevaban, en su misma concepción, la posibilidad de accionar irregularmente, pues dieron espacio para que los funcionarios públicos involucrados en actos irregulares pudieran manipular los puntajes asignados a cada empresa según sus intereses y conveniencias Vamos a desarrollar a continuación los ámbitos de acción que fueron considerados en esta investigación: por un lado el de las empresas 1 El caso de la norma de excepción DL Nº 25565 que estableció la evaluación internacional de procesos con participación del UNOPS, que ha dado origen a muchas contrataciones que escaparon a los controles y procedimientos del RULCOP, es el ejemplo más objetivo de este mecanismo. 7