17%; (c) la SBS no cuenta con ningún informe previo de evaluación técnica realizada por la SBS que sustente la invitación del Superintendente Martín Naranjo a COFIDE y que sustente la hipótesis del riesgo sistémico, entre otras. Finalmente, se permitió que permanezcan en el Directorio miembros del Directorio responsable de la quiebra. Por otro lado, se sostiene que dejar caer al banco habría originado un efecto contagio sobre otros bancos del sistema (incluido el Banco Wiese) ocasionando mayores pérdidas para el Estado y los depositantes en general. Por esta operación el Estado terminó asumiendo obligaciones que fueron generadas por la gestión fraudulenta de los anteriores accionistas privados, permitiendo que algunos de ellos permanezcan en el nuevo Directorio. Es importante resaltar que no se cumplió con la modificación expresa al artículo 99 de la Ley 26702 para salvar al banco. En efecto: (i) no se determina con exactitud el patrimonio real; (ii) se permite un aporte en un 90% a través de capitalización de acreencias cuando la ley exige que el aporte sea en efectivo; y (iii) se invita al Estado a participar en el sistema bancario de primer piso a través de una de sus empresas (COFIDE). El informe en mayoría señala las irregularidades en la gestión del banco presidida por el Grupo Picasso Salinas y calificando como ilegal e inpertinente la entrad de COFIDE como accionista del Banco Latino. Existe también un informe en minoría que se considera como legal y necesaria la operación de salvataje del banco. Segunda Etapa: Gestión COFIDE Período diciembre 1998-abril 2001 A partir del 9 de diciembre de 1998, COFIDE asumió la dirección del Banco Latino, nombrando como Presidente del Directorio a Richard Webb Duarte y como Gerente General a Henry Barclay Rey de Castro. La entrada de COFIDE como accionista del banco se produce en base a un análisis parcial (38%) de la cartera del banco. Sin embargo, poco tiempo después que la nueva administración asume el control del banco, se produce un sinceramiento de cuentas que puso al descubierto que el déficit patrimonial del banco, al momento que entró COFIDE, era mucho mayor al inicialmente estimado. Así, bajo la nueva administracion salieron a la luz problemas adicionales vinculados a carteras de créditos que habían sido originadas bajo a anterior gestión. En este contexto, al no haberse realizado un adecuado diagnóstico antes de incorporar al Estado como accionista, las posibilidades de una real reesrtucturación se tornaron más complicadas aún. Sin embargo, existe evidencia de que, durante la nueva administración, persisitieron algunos de los problemas que se arrastraban de la anterior gestión, como: a. inadecuada clasificación de créditos; b. cartera con problemas muy por encima del promedio del sistema; c. clasificación de créditos y provisiones no acordes con criterios de la SBS; d. sobregiros y avances en cuenta corriente sin la formalización de líneas de crédito; e. registro como ingresos de intereses y comisiones por créditos refinanciados y reestructurados sin que los ingresos hayan sido efectivamente percibidos. Con respecto a la evaluación del impacto de estos problemas, se encuentran puntos de vistas y matices en el seno de la comisión que guardan relación con apreciaciones sobre el grado de responsabilidad de los funcionarios en el desarrollo y administración de estos 87