económico y financiero con pérdidas de más de $2 millones mensuales, producto de las gestiones que tuvo. A pesar de ello, tenía un gran potencial ya que en su calidad de línea aérea de bandera, podía usufructuar preferentemente las rutas obtenidas por el país en diversos Convenios Bilaterales. Ante esta difícil situación, en el marco de las normas legales para la promoción de la inversión privada, la salida más razonable era la liquidación de la Empresa, la venta de los activos por parte del Estado y la licitación para concesionar las rutas. Así lo recomendaban diversos especialistas. No fue esa la decisión adoptada. Por el contrario, se optó por una venta apresurada de la empresa en medio de un proceso en el cual diversos funcionarios de la COPRI, el CEPRI AEROPERU y la Corporación Nacional de Desarrollo – CONADE, cometieron innumerables irregularidades. Determinación del Precio Base y la venta En 1992, la Consultora Hansem & Holm determinó que el valor aproximado de la Empresa estaba entre los 45 y 55 millones de dólares. Los activos físicos estaba valorizados en $ 25 millones de dólares y las rutas valían entre 20 y 30 millones de dólares. El precio base fijado por la COPRI y la CEPRI para la primera subasta en diciembre de 1992, fue de casi la mitad: 27 millones y medio de dólares. El precio estaba tan mal calculado, que tuvo que ser reajustado para la segunda subasta en enero de 1993 a 41 millones de dólares. Y la empresa se vendió sin tener siquiera en orden los Balances contables, los cuales recién se entregaron cuatro años después, en 1996. Las personas que dirigieron este proceso fueron, entre otros, el Contralmirante AP (r) Dante Matellini Burga, presidente del Cepri, y el Sr. Carlos Montoya Macedo, Director Ejecutivo de la COPRI, funcionario pagado por el Banco Mundial para dirigir las privatizaciones en el Perú . Estos funcionarios se habrían coludido con los nuevos operadores privados: el Consorcio Aerovías de México para modificar ilegalmente las condiciones del Contrato de Venta después de realizada la subasta, para que el Estado asumiera cualquier obligación o contingencia que pudiera aparecer en los 5 años siguientes. En este caso, las bases señalaban sólo las deudas tributarias y por un plazo de 4 años. El contrato fue firmado por representante de CONADE , Francisco Acosta Sánchez, quien también fue miembro del Tribunal Constitucional. Cuando en 1996, se realizó el ajuste del precio, se “olvidaron” de cobrar a los accionistas privados más de un millón y medio de dólares por diversos conceptos, e incluyeron como gastos de la empresa privatizada otra suma similar. Conclusión: terminaron perjudicando al Estado en más de tres millones de dólares. Una de las personas que participó activamente en el proceso fue el Sr. Roberto Abusada Salah quien, actuó como postor en la privatización de AEROPERU,en la primera apertura de ofertas, representando a Aeroméxico, y volvió a hacerlo al inicio de la segunda oferta mientras era Asesor del Ministro de Economía, Jorge Camet D. Años después, ya como Presidente del Directorio de AEROPERU, en 1996, en complicidad con los funcionarios de CONADE, realizó una capitalización fraudulenta por más de 70 millones de soles; con el único propósito de aumentar artificialmente el patrimonio de la empresa que estaba siendo irregularmente manejada a favor de los operadores privados. 27