este mecanismo fue revertido sino que se consolidó y continua operando. Así, entre la alta burocracia de los noventa predominó el concepto que el Estado debería reducirse a su mínima expresión y una comprensión de su propio papel como los agentes encargados de comprimirlo sustantivamente. 6- Este mecanismo de pago que divide la burocracia en dos conforma un Estado escindido entre servidores públicos de dos niveles. Por un lado, se hallan funcionarios internacionales, quienes laboran en forma paralela a funcionarios pagados por la planilla regular. Así, la organización de su propio personal muestra un Estado escindido entre los servidores “internacionales” y los “burócratas comunes y corrientes”. En ese sentido, las transformaciones del sistema de pago de los altos funcionarios fueron en sentido negativo facilitando su irresponsabilidad con la propiedad pública. En el caso de CONADE, OIOE Y FONAFE, tenedores de las acciones del Estado en las empresas que serian privatizadas o que ya lo habían sido, la actitud de pasividad y de irresponsabilidad ha aparecido como una constante en los casos estudiados. Un ejemplo de esta conducta involucra a un ex integrante del Tribunal Constitucional, Dr. Francisco Acosta Sánchez, quien permitió la administración fraudulenta cuando era miembro del directorio de AeroPerú, en vez de cumplir con sus obligaciones como representante del Estado. La obediencia debida al superior jerárquico es un rasgo de la pasividad con la que los representantes de alto nivel del Estado actuaron durante los noventa. 7- La reducción del rol del Estado en la economía tuvo un paso importante con la privatización de las empresas públicas Hierro Perú y Aeroperú, que representaban una importante carga financiera para el Estado. Luego, en el año 1993, la entrada de Jorge Camet al MEF priorizó la entrega de beneficios extraordinarios a algunos grupos económicos vinculados al régimen, en desmedro de las reformas de segunda generación que básicamente debían emprenderse en la SUNAT y en la conformación de los principales órganos de regulación que deberían nacer a la par de la privatización. Las reformas de segunda generación eran parte importante del modelo ortodoxo, pues debían garantizar su sostenibilidad en el largo plazo y no se realizaron. 8- La incoherencia en la aplicación de las reformas queda evidente cuando el Estado no contó con ingresos suficientes para hacer frente a servicios de deuda externa que registraba un calendario más exigente a partir de 1997. Esa carencia de recursos era fruto de la falta de voluntad para llevar adelante las reformas de segunda generación, sobre todo las que se debía llevar a cabo en la SUNAT, para que la recaudación interna sea el sustento de la política económica gubernamental. Al no contar con ingresos corrientes hizo uso de recursos extraordinarios. Así, el Estado comenzó a hacer uso indiscriminado de los ingresos provenientes de la privatización para honrar el servicio de la deuda externa, aparte del enriquecimiento ilícito. 9- Los años de apogeo económico de la economía peruana fueron a mitad de década, cuando el Producto Bruto Interno creció aproximadamente 12%; adicionalmente, en este mismo momento, se recibieron créditos del Banco Mundial por más de US$1,200 millones. La expansión del gasto fiscal utilizando los recursos provenientes de las privatizaciones y de los créditos internacionales fueron utilizados 148