Pero entonces tiene que haber habido una delegación expresa que lo facultaba al director ejecutivo. Habrá, como le digo encontrar. El señor PRESIDENTE.— Nosotros vamos a insistir por nuestra parte, porque nuestro interés es aclarar el tema en esta posibilidad y pedir las reuniones de actas de juntas del Consejo a efectos de que este tema quede claro. Si usted puede hacer algo por ilustrarlo también, sería útil para nosotros el poder hacerlo. Aquí hay un tema adicional que yo quisiera plantearle en este campo, y es, si usted considera y el señor Valderrama también, que la decisión de capitalización se ajusta a ley, o si considera que la decisión de capitalización fue producto de una decisión de carácter político mas que legal. Y le menciono los fundamentos, algunos de los cuales creo que son caros para su postura, por lo que acaba de decir, que es el que el Estado tiene demasiadas acciones en muchas empresas. Sin embargo, curiosamente usted participa en una operación que le da más acciones al Estado en una empresa en la que no las tenía, con una constitución que establecía que sólo por ley expresa podría crearse una empresa de carácter público, es una empresa en la que el Estado fuera accionista directo central. La Ley de Banca y Seguros en su artículo 7.° dice que el Estado no participa en el sistema bancario, con excepción de —para ser textuales— no participa en el sistema financiero nacional, salvo las inversiones que posee en Cofide como banco de desarrollo de segundo piso. Y establece en las disposiciones finales y transitorias de la ley que, en la decimotercera, efectivamente, que las participaciones que tiene Cofide no pueden afectar, digamos, que la norma es supletoria para Cofide en todo aquello que no altere su calidad de banco de desarrollo de segundo piso establecido en su estatuto, dice la norma decimotercera. Y la legalidad de esto también tiene que ver con esta sorpresiva modificación de la Ley de Bancos, que entra por una iniciativa del Ejecutivo el 3 de diciembre del año 98, es dictaminado el mismo 3 en una celeridad —que ya quisieran otros espacios del Estado tener por la Comisión de Economía, discutida el día 4 en el pleno justo después de que la oposición había abandonado el pleno, porque se había ratificado la extensión del mandato a las comisiones ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público, en ausencia total de la oposición, sin reparto de ejemplares de copia de la ley ni prepublicación de la misma, exonerándola de todo trámite de conocimiento previo; por lo tanto, de los miembros del Congreso que no fueran parte de la Comisión de Economía, (16) autografiada el día 4 y publicada el día 5, hecho que evidentemente por ser iniciativa del Ejecutivo tiene que haber venido del MEF. Y si usted era parte del gabinete de asesores del MEF, tiene que haber conocido esta iniciativa. Y su información del tema me da la impresión de que tendría que haber sido más profunda que la que nos ha señalado respecto a los informes de la Superintendencia y el informe presentado por Cofide, en el sentido de que si recojo la descripción que nos ha hecho ayer el ingeniero Joy Way sobre su gestión en el Banco Wiese y la forma como tomaron las decisiones. Él señala que en el caso del Banco Wiese tuvieron una discusión con un equipo de asesores, inclusive contrataron a un especialista español, si no me equivoco, en diseñar la circunstancia que enfrentaban explicarla, diseñar una salida. Llevó una reiterada discusión inclusive con el Superintendente de Banca y Seguros, ¿no es cierto?, que es bastante más allá que un informe escrito, y con representantes de diversas entidades, inclusive estuvo el señor Baba Nakao, nos dice él en el caso del Wiese y de las decisiones posteriores que se toman del Banco Latino durante su gestión. Entonces, la apreciación que hay es que aquí hay una decisión política y que esta decisión política se implementa a través de un acelerado mecanismo legislativo y de decisiones de entes -49-