Caso Lay en defensa de su gestión, en el sentido que los municipios merecían ser fiscalizados con severidad. Este parecer se ve reforzado por la realización de esfuerzos de capacitación y entrenamiento de autoridades locales en el buen uso de los procedimientos administrativos del estado. En este sentido, cabe consignar que en los siete años de conducción de Caso Lay, la CGR desarrolló 44 cursos de entrenamiento para autoridades locales. De este modo, la evaluación del trabajo de la CGR en los municipios no es completamente negativa, puesto que también se encuentran acciones que han propendido a generar un ambiente más sano para la conducción administrativa ordenada y el buen gobierno. Por otro lado, merece una especial consideración la evaluación del trabajo de la CGR sobre el programa del vaso de leche que se distribuye a los niños a través de las municipalidades. En este caso se encuentra también una impresionante concentración de actividades en el seguimiento de este programa, al grado que en el año 1998 la CGR analizó los reportes del 80% de las rendiciones de cuentas efectuadas por cada uno de los 1,800 municipios distritales. Esta sobre concentración de recursos de la CGR en programas con escasa trascendencia económica tiene menor justificación. En efecto, si los municipios controlan un presupuesto anual aproximado de cuatrocientos millones de US$, de un total presupuestal nacional de unos diez mil millones de US$, el programa del vaso de leche gasta cantidades ínfimas que apenas alcanzan a 80,000 US$ anuales. Es decir, las cifras son tan reducidas que es imposible encontrar lógica al proceder de la CGR bajo la gestión de Caso Lay. Aunque es cierto también que debido al involucramiento de organizaciones civiles en el programa del vaso de leche es preciso implementar una cultura del cumplimiento y la honradez a la que debe contribuir la CGR. El problema principal es que estas acciones ocuparon el escaso personal especializado mientras que en forma paralela se descuidó áreas claves que fueron objeto de gigantescos actos de corrupción. Así, se halla que entre 1995 y el 2000, ninguna de las acciones de Contraloría estuvo orientada ni a la privatización propiamente, ni a Defensa, ni al Servicio de Inteligencia; de modo que entre las 451 auditorias (iniciadas y no culminadas), no existe un informe pendiente sobre estos temas. Recién a partir del año 2001. la CGR ha entrado a controlar a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia Nacional, cuyos informes han sido remitidos al Congreso. De tal forma que las adquisiciones del sector Defensa por ejemplo fueron muy elevadas durante la década fujimorista y pasaron inadvertidas para la CGR. No obstante, hoy sabemos que en este rubro se gastó nada menos que US$ 1,800 millones, habiendo generado espectaculares sobornos tanto para Vladimiro Montesinos como para el resto de la cúpula militar. Es importante advertir que la base legal para controlar estaba presente y que no había sido modificada en este punto. En efecto, el artículo 19 de la ley de control 26162 establece la direccionamiento para no hacer acciones de control en los CTARs provino del despacho de la máxima autoridad. 13