Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001 Área de Privatizaciones 12/06/2002 La liberalización del sistema portuario se inició en 1991, a través del Decreto Legislativo Nº 645 del 06 de julio de 1991, que autoriza a las cooperativas y empresas cualquiera fuera su modalidad para realizar labores que son efectuadas en los puertos marítimas, fluviales o lacustre, en las faenas de embarque, desembarque, trasbordo y movilización de carga en naves mercantes. En esta misma orientación, el Decreto Legislativo 660 del 19 de agosto de 1991, disolvió la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo, a través de la cual hasta entonces, se realizaban acciones vinculadas a la provisión de mano de obra para servicios marítimos y portuarios. Mediante estas disposiciones se trasladó hacia operadores privados el manejo de los diversos servicios prestados en los terminales. Actualmente casi el 100% de los servicios a la nave y a la carga tales como practicaje, remolcaje, estiba, desestiba, y almacenamiento se encuentran en manos privadas. La Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A. Fue incluida en el proceso de Promoción de la Inversión Privada por Decreto Ley No 25882 del 24 de noviembre 1992, el mismo que está normado por el decreto Legislativo No 674 del 27 de setiembre de 1991, incluyendo dentro del proceso las funciones que competen a ENAPU con relación a los terminales portuarios de Paita, Salaverry, Chimbote, Guacho, Callao, General San Martín, Matarani e Iquitos. Inicialmente se incluyó el puerto de Talara, pero fue posteriormente transferido a Petro-Perú, quedando al margen del presente proceso de privatización. Asimismo el 28 de mayo de 1993, el Gobierno decidió que el puerto de Ilo tuviera su propio Comité Especial de Privatización, excluyéndolo también de este proceso. La promoción de la inversión privada en los puertos del país es una necesidad por el bajo nivel de desarrollo en su infraestructura, como consecuencia de la falta de capacidad financiera de ENAPU S.A., que sólo le permite inversiones en rehabilitación, requiriéndose a la fecha nuevas inversiones del orden de los US$ 300 MM. Los objetivos buscados con la promoción de la inversión privada en los puertos, de acuerdo a los lineamientos generales del Gobierno son: promover e incentivar la inversión privada en los puertos de acuerdo a las exigencias del mercado, para lograr un servicio eficiente con tarifas competitivas. Por ello, el logro de objetivos busca establecer un único sistema portuario integrado y coherente con la política nacional de puertos. Por Resolución Suprema No 146-93-PCM del 22-04-93 se nombró el primer Comité Especial de privatización, bajo la presidencia del señor Gustavo Barragán Schenone para llevar adelante el proceso. El 30-12-93 fue nombrado presidente el señor Javier Llerena Pérez, hasta el 20-11-95, fecha en la que fue reemplazado por el señor Jaime Cisneros Velarde hasta el 25-10-96, fecha en que la condición y desarrollo del proceso quedó a cargo de los miembros del 5