74 POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN C. Responsables · La Contraloría General de la República actualiza sus marcos normativos para la implementación de los sistemas de control interno en las entidades públicas. · La Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de emitir los lineamientos necesarios para la mejora de la gestión interna que reduzca riesgos potenciales de corrupción en las entidades de la administración pública. · Cada entidad pública es responsable de implementar el control interno, de identificar sus brechas de integridad y de diseñar sus mapas de riesgos en el marco de la normativa vigente. D. Lineamientos A fin de cumplir con este objetivo las entidades responsables deberán considerar, como mínimo, los siguientes lineamientos: · Identificar las brechas de integridad y de los mapas riesgos asociados, para adoptar los mecanismos de prevención necesarios. · Fortalecer el Sistema de Control Interno en las entidades públicas, para reforzar su comprensión como un sistema autónomo independiente del sistema nacional de control. · Implementar mecanismos de cumplimiento de normas anticorrupción. III. EJE 3: CAPACIDAD SANCIONADORA DEL ESTADO FRENTE A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Un tercer eje en el desarrollo de una Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción viene dado por la necesidad de fortalecer la capacidad de sanción del Estado frente a las prácticas de corrupción con la finalidad de evitar la impunidad de los infractores. Un trabajo en este sentido exige necesariamente fortalecer a los órganos responsables y facilitar las dinámicas propias del sistema de justicia para asegurar las sanciones finales. A continuación se expone cada uno de los objetivos específicos que se busca alcanzar, desde esta perspectiva, a través de la implementación de distintos lineamientos. Objetivo Específico 3.1: Reforzar el Sistema de Justicia Penal A. Situación Actual En la actualidad existen debilidades institucionales en los organismos que se encargan de la investigación, persecución y represión de prácticas de corrupción (Shack: 2016). Así, de un lado, por ejemplo, sus servidores/as civiles no se encuentran debidamente capacitados para conocer las prácticas altamente sofisticadas