I. PRESENTACIÓN
La corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad
del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las
personas, tiene además diferentes manifestaciones y aparece
de manera diversa en el escenario social, político y económico.
Sus efectos negativos llegan a trascender inclusive fronteras,
valiéndose de redes sofisticadas delictivas que aprovechan la
debilidad institucional y sectores vulnerables para capturar
la toma de decisiones.
La corrupción al ser un fenómeno multidimensional se da
de manera sistemática, y en diferentes niveles y sectores
de la administración pública, apareciendo así en procesos
pre decisionales como el financiamiento indebido de
agrupaciones políticas en campañas electorales; durante
la toma de decisiones, como por ejemplo, en el diseño
de políticas públicas dirigidas a intereses particulares, a
consecuencia del conflictos de intereses y el tráfico de
influencias; y, en procesos post decisionales, en la gestión
pública afectando la eficiente provisión de servicios públicos.
Si bien es cierto, en las últimas décadas el país ha
presentado uno de los mayores crecimientos económicos en
América Latina y en el mundo, este crecimiento no ha sido
aprovechado de manera eficiente debido a los esquemas
de corrupción, dificultando además la sostenibilidad de este
crecimiento. Muestra de ello, son los resultados obtenidos
por el Perú en el Índice de Percepción de la Corrupción del
año 2016, elaborado por Transparencia Internacional, en el
que ocupamos el puesto 101 de los 176 países evaluados,
situación que implica un retroceso en relación a años
anteriores. De igual manera, en el último sondeo de opinión
realizado por el INEI a través de la Encuesta Nacional de
Hogares que abarcó el periodo comprendido entre noviembre
de 2016 y abril de 2017, el 48.1% de los encuestados
considera a la corrupción como el principal problema que
afecta al país, superando incluso a la inseguridad ciudadana.
Por tanto, la principal herramienta que tienen los Estados
para mitigar este fenómeno y sus efectos perniciosos son las
políticas públicas, originadas a partir del trabajo coordinado
y articulado entre los principales actores estratégicos.
A la luz de la situación actual que atraviesa nuestro país y
el mundo a consecuencia de la corrupción, resulta necesario
reafirmar el compromiso de todos actores estratégicos en la
lucha contra la corrupción, adoptando para ello, una política
nacional, que establezca el marco necesario para erradicar
las causas y contrarrestar los efectos que este fenómeno
produce.
Por ello, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción como
espacio de coordinación y articulación entre las principales
entidades públicas, sector empresarial y la sociedad civil,
en cumplimiento de su función principal de proponer las
políticas de corto, mediano y largo plazo para la prevención
y lucha contra la corrupción de manera intersectorial
e intergubernamental; elaboró y aprobó la presente
propuesta de Política Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción, la cual, estando próximo a celebrar el
bicentenario de nuestra independencia, resulta fundamental
e impostergable para lograr un Estado integro, inclusivo y
eficiente al servicio del ciudadano.
Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción