por incumplir su rol como Jefe Supremo de nuestras Fuerzas Armadas, sino también beneficiario directo del aprovechamiento del conflicto con fines políticos. Otro hecho que evidencia esta utilización política del conflicto, es el hecho de que el anuncio del Ing. Alberto Fujimori al anunciar ante el país la toma de Tiwinza y determinar unilateralmente el cese al fuego el 13 de febrero de 1995; se dio sin constatar la expulsión definitiva de las tropas ecuatorianas de territorio peruano, tal como lo demuestran las acciones de los días subsiguientes. De modo que, por el contrario, el establecimiento de la zona desmilitarizada a partir de la Declaración de Itamaraty, el 17 de febrero, sirvió para que se mantuvieran las posiciones en las que se encontraban los ecuatorianos y que estaban en territorio peruano. (Declaración del Gral. EP Vladimiro López Trigoso ante la Comisión del Congreso de la República presidida por Pedro Morales). 12. Otro de los elementos determinados por las investigaciones, son las negligencias ocurridas para la atención de las necesidades de nuestras tropas en aspectos tan elementales como la provisión de alimentos cuya parte administrativa estaba bajo responsabilidad del Comandante General del Ejército. En ese marco, cobran especial gravedad contra la seguridad nacional, los hechos ilícitos cometidos por el Gral. EP (r) Nicolás de Bari Hermoza y de los oficiales pertenecientes al Comando Logístico del Ejército (COLOGE) quienes, participando en operaciones irregulares, se beneficiaron con recursos que estaban destinados a la defensa nacional. Estas graves irregularidades también se evidencian en la forma como se efectuaron las maniobras militares en la zona de conflicto, aun a costa de graves daños a nuestras propias tropas. En este sentido, es ilustrativo el citado testimonio del Gral. Vladimir López Trigoso quien consigna que, por falta del equipamiento adecuado se cometían graves errores, como el grave suceso de la noche del 5 de febrero de 1995, en que nuestra Fuerza Aérea bombardeó Base Sur, dónde estaban nuestras tropas y causaron 6 muertos. 13. Se ha podido establecer entonces, en el transcurso de las investigaciones realizadas por el Congreso de la República, que los ilícitos que se se cometieron en el período más grave del Conflicto con el Ecuador comprendido entre 1994 y 1998; no sólo constituye por parte de los denunciados, su participación en una serie de irregularidades en la adquisición de armamento, equipamiento y servicios para nuestras Fuerzas Armadas; sino que por ser ellos, justamente quienes eran responsables de garantizar la Defensa y la Seguridad Nacional; su intervención en la obtención de ingresos ilícitos con recursos públicos destinados a garantizar la capacidad operativa de nuestros institutos armados, se efectuó en el contexto de su plena conciencia de que ello debilitaba estratégicamente la capacidad de actuación de nuestras Fuerzas Armadas, en plena época de guerra. Hechos, por tanto, que deben ser tomados en cuenta como agravante para el juzgamiento de los oficiales denunciados en el presente Petitorio. III. EL CASO DE LA ILÍCITA ADQUISICIÓN DEL AVIÓN PRESIDENCIAL 1. El 4 de mayo de 1995, con el Informe II-55-OPDP-Nº 0359, el Teniente General FAP Waldo Richter Cruz, Director de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, sustentó la necesidad de adquirir un nuevo avión presidencial, estableciendo para tal fin los criterios básicos de carácter operativo que debía cumplir dicha compra. Así también y mientras se concretaba la compra del nuevo avión se recomendó invertir US $ 2´700, 24