Todas estas acciones y la contratación de la Empresa Constructora Brasileña OAS vulneran las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que exige el cumplimiento de ciertos requisitos para la inscripción de los proyectos de inversión pública en el presupuesto general de la nación. Uno de estos requisitos es contar con estudios de preinversión y con el dictamen emitido por la máxima autoridad de la unidad ejecutora, quien debe certificar que el proyecto sea sostenible en la fase de operación106. El proyecto fue adjudicado en agosto de 2008, por US$ 415 millones (en un proceso denunciado por sobreprecio e incumplimiento de la ley en el proceso de licitación), de los cuales US$ 332 millones (80%) corresponden a financiamiento del BNDES para la construcción de la carretera y 20% corresponde a la contraparte nacional. La anulación del contrato con la empresa OAS Ltda. no ha significado la abrogación de los decretos y leyes que aprueban el Protocolo de Financiamiento y el Contrato de Préstamo con el Banco, a pesar de que ambos documentos establecen que la empresa OAS es el “interviniente exportador”. 1.3. Estado del proyecto El diseño y construcción de la carretera fueron adjudicados a la Constructora OAS Ltda. en agosto de 2008, en un cuestionado proceso de licitación “llave en mano” (la empresa se encarga de los estudios de factibilidad, diseño final, construcción y presenta una oferta de financiamiento). Esta empresa brasileña, que es parte del conglomerado empresarial OAS, participa en el mercado inmobiliario, construcción de infraestructura (carreteras, centrales hidroeléctricas, petróleo y petroquímica) e inversiones privadas en infraestructura y concesiones de servicios públicos en el Brasil y en Centro y Suramérica y el Caribe. El presidente Evo Morales inauguró la construcción de las obras el 3 de junio de 20102. En diciembre de 2012, la Administradora Boliviana de Carreteras y OAS concluyeron la conciliación de cuentas como resultado de la anulación del contrato con la empresa por incumplimiento de contrato. En este proceso se estableció que la constructora brasileña invirtió US$ 9,8 millones en una longitud de siete kilómetros de carretera, entre las poblaciones de El Castillo y Chipiriri, la construcción de los pilares del puente sobre el río Isinuta y el diseño de la vía para los tramos I (Villa Tunari-Isinuta) y III (Monte Grande-San Ignacio de Moxos). Con el saldo del cobro de la boleta de garantía de US$ 29 millones, ejecutada en mayo de 2012, la Administradora Boliviana de Carreteras informó que ese dinero se utilizaría en la construcción del tramo Villa Tunari-Isinuta, de 47 kilómetros de longitud, adjudicado a la Empresa Boliviana de Construcción y a la Asociación de Mantenimiento Vial, con un presupuesto de US$ 32,5 millones. La Ley 180 fue promulgada el 24 de octubre del 2011, después de una marcha de más de sesenta días que protagonizaron indígenas de tierras bajas y altas del país. El Decreto 1146 del 24 de febrero de 2012 establece que su objetivo es reglamentar la Ley 180 y además reconoce la doble condición (área protegida y territorio indígena) de la que gozan los pueblos indígenas Yuracaré, Tsimane y Moxeño-trinitario, que residen en esa área natural. La norma prohíbe los asentamientos ilegales, el aprovechamiento forestal con fines comerciales y proyectos que provoquen impactos ambientales en la región. La Ley 222 de consulta previa en el TIPNIS fue promulgada después de una marcha de pobladores del área colonizada (Polígono 7). Esta norma es la que ha sido utilizada para la realización de una consulta cuestionada desde sus inicios por las organizaciones indígenas y expertos. Según autoridades de gobierno, los resultados de esta consulta llevarían a la modificación de la Ley 180. Por decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el tratamiento de este tema se postergó a la gestión 2014. 1.4. ¿Por qué incluir el proyecto en la documentación? La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es uno de los proyectos de mayor conflictividad en el país. Si bien las marchas indígenas han generado la paralización del proyecto, la presión de sectores interesados y del propio gobierno exige un monitoreo permanente, información y fortalecimiento de las organizaciones sociales. 2 La empresa brasileña OAS Ltda. está a cargo de los principales proyectos viales de Bolivia adjudicados por el actual gobierno. OAS se adjudicó los proyectos Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, Potosí-Uyuni (carretera de 201 kilómetros financiada por la CAF y dada a OAS Ltda. por US$ 83,29 millones) y Potosí-Tarija (vía de 410 kilómetros de vinculación al sur del país que se construye con un crédito PROEX del Banco do Brasil y garantía de la CAF, que fue objeto de denuncias a la empresa constructora Queiroz Galvao por mala ejecución, lo que llevó a que bajo la modalidad “llave en mano” se contrate a la empresa OAS Ltda. para la conclusión de 240 kilómetros). CASOS PARADIGMÁTICOS DE INVERSIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE BRASIL (BNDES) EN SUR AMÉRICA 61