personalmente garantizó, en una reunión con los líderes sociales del Xingú en julio de 2009, que el gobierno federal “no va a meter en sus gargantas” el proyecto de Belo Monte. En noviembre de 2009, analistas ambientales del IBAMA elaboraron un informe técnico el cual llegó a la siguiente conclusión: “Teniéndose en cuenta el plazo establecido por la Presidencia, este equipo no ha concluido su análisis en forma satisfactoria. Algunas cuestiones no pudieron ser analizadas adecuadamente en profundidad, encontrándose entre ellos los problemas indígenas y las aportaciones de las audiencias públicas. Por otra parte, se vio afectada la discusión interdisciplinaria entre los integrantes de este equipo. Estas deficiencias reflejan limitaciones para emitir opinión”. En otras palabras, el equipo técnico de IBAMA reconoció que, bajo la presión de los organismos de la Presidencia, no existió un tiempo hábil para analizar las aportaciones, dudas y cuestionamientos presentados en las audiencias públicas que se llevaron a cabo en septiembre de 2009, y que faltaban elementos para concluir sobre los impactos que ocasionaría Belo Monte en los pueblos indígenas de Vuelta Grande de Xingú. Además, el parecer técnico apuntó otros graves problemas en el EIA de Belo Monte que deberían impedir la concesión de la Licencia Previa (LP): • El estudio sobre la “hidrografía de consenso” (cantidad de agua a ser mantenida en Vuelta Grande de Xingú en diferentes épocas del año) no presentó una información suficiente para concluir sobre “el mantenimiento de la biodiversidad, la navegabilidad y las condiciones de vida de las poblaciones” en el reducido flujo en Vuelta Grande de Xingú. “La incertidumbre sobre el nivel de tensión causado por la interrupción del flujo no permite deducir sobre el mantenimiento de las especies, principalmente las de importancia socioeconómica, a mediano y largo plazo ... la reproducción de algunas de estas especies se presenta en el estudio como inviable” • “Los impactos derivados de la afluencia poblacional no fueron calculados en forma satisfactoria. En consecuencia, las medidas presentadas, referentes a la preparación de la región para recibir esta afluencia, no son suficientes y no definen claramente el rol de los agentes responsables por su implementación”; • “Hay un grado de incertidumbre elevado sobre el resultado de la calidad del agua, principalmente en el reservorio de los canales”.7 El 01 de febrero de 2010, sin haber resuelto los problemas y deficiencias señalados en los informes técnicos, el Presidente del IBAMA emitió la Licencia Previa no. 342/2010 de Belo Monte. De hecho, dos días antes de la emisión de la licencia, el equipo técnico del IBAMA emitió la Nota Técnica 04/2010, informando de forma expresa e indiscutible, que “no hay pruebas suficientes para demostrar la viabilidad ambiental del proyecto”. Nada más adverso al Principio de Precaución, que debía orientar la toma de decisión sobre la viabilidad o no de un proyecto. En el caso de Belo Monte, el IBAMA adoptó una práctica – sin previsión en la legislación ambiental, pero cada vez más común en las licencias de grandes proyectos - para transformar deficiencias en la fase de estudios del EIA en las condiciones de la Licencia Previa (LP). Así, la primera condición de LP 342/2010 consistió en la obligación de la empresa de establecer un “plan de monitoreo robusto” de los impactos sobre la “calidad del agua, ictiofauna, vegetación aluvial, quelonios, pesca, navegación y modos de vida de la población de Vuelta Grande” durante los seis primeros años luego de la instalación de toda la capacidad de la planta de Belo Monte. Es decir, solo varios años después de que Belo Monte se haya convertido en un hecho consumado, se prevé la posibilidad de ampliar el impacto socio ambiental y definir medidas de mitigación y compensación para la población indígena y rivereña en Vuelta Grande de Xingú. La licitación de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte (UHE Belo Monte) fue realizado por la ANEEL el 20 de abril de 2010, a pesar de la interposición de una serie de Acciones Civiles Públicas (ACPs) presentadas por el Ministerio Público Federal y organismos de la sociedad civil que señalaban irregularidades en la concesión de la Licencia Previa y el incumplimiento de las condiciones que deberían preceder al evento, especialmente en lo que respecta a la protección de tierras y poblaciones 7 Sobre la calidad del agua, un estudio realizado por especialistas de la Universidad de Brasilia (UnB), a pedido del IBAMA, y entregado pocos días antes de la emisión de la Licencia Previa (LP), afirma que el modelo utilizado en el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) es equivocada e insuficiente para hacer predicciones futuras sobre los cambios en la calidad del agua. También afirma que, contrariamente a lo que dice la EIA elaborado por Electrobras, es alta la probabilidad de que el agua a lo largo de los 144 km del Río Xingú quedara “podrido” (eutrófico) y por debajo de los parámetros mínimos requeridos por la Resolución 357 del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) que, teóricamente, debió haber impedido la expedición de la licencia. CASOS PARADIGMÁTICOS DE INVERSIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE BRASIL (BNDES) EN SUR AMÉRICA 37