acreencias, si bien se solucionaba contablemente el problema de stock patrimonial (porque contablemente pasaban US$54 millones de los pasivos con COFIDE como aporte de capital) sólo ingresaban como capital fresco US$5.4 millones, los cuales ha todas luces eran insuficientes para solucionar el problema de iliquidez del Banco Latino. Con respecto al tercer problema, relacionado a la magnitud de deterioro de la cartera del banco, no queda claro como es que la SBS y COFIDE esperan afrontarlo, sobre todo cuando la SBS tenía un mayor conocimiento sobre el origen e historia de esa cartera, la cual estaba plagada de irregularidades (como queda constancia en los informes de visita de inspección). Los puntos antes expuestos dejan en claro que el aporte de capital sugerido por la SBS, mayoritariamente vía capitalización de acreencias, no sólo iba en contra el inc. 3 del artículo 99 de la Ley de Bancos que exigía que los aportes se realizaran en efectivo, sino que era insuficiente como para resolver los problemas que afrontaba el banco. Es decir que la toma de decisión de la SBS de invitar a COFIDE, no solo es apresurada e ilegal, sino también técnicamente insuficiente como operación de salvataje bancario, donde lo único que se lograba era aumentar la exposición de riesgo del Estado en la quiebra del banco, convirtiéndose en principal accionista e inmediatamente asumiendo el rol de prestamista de última instancia frente a las deudas generadas por los antiguos accionistas del banco (que a pesar de todo, algunos de ellos permanecieron en el directorio del Banco). Esta posición es la que más adelante llevaría a que el Estado emita de manera ilegal una serie decretos dirigidos a tratar de buscar una salida al problema generado cuando el Banco Latino se convierte en un banco del Estado. Esta figura de banco estatal se ve corroborada por el hecho que el Banco Latino se acoge al Decreto de Urgencia 041-99 que estaba dirigido exclusivamente a entidades financieras en las cuales el Estado mantenía la posición de accionista mayoritario. Esta comisión investigadora concluye que la operación de salvataje bancario del Banco Latino fue una operación apresurada que utilizó de manera irresponsable los recursos del Estado, sin responder a un plan de reestructuración del Banco Latino y yendo en contra del espíritu privatista de la Ley de Bancos y del marco legal vigente. Definitivamente no se trato de una salida mediante mecanismos de mercado, sino que se llevo a que el Estado asuma la responsabilidad de una mala gestión realizada por privados. Si se hubiera querido salvar al banco pudieron haberse trabajado otras alternativas menos costosas para el Estado. El sólo hecho de no existir informes técnicos o legales que sustenten la posición del Superintendente demuestran que la decisión fue improvisada y arbitraria. El otro aspecto importante que se deben tomar en cuenta son los incentivos negativos y de riesgo moral que se generan en el mercado financiero desde el momento en que se da la poco feliz señal al mercado de que el Estado está dispuesto asumir las consecuencias de los manejos irregulares e irresponsables de un banco. c) El rol desempeñado por la SBS Es importante recordar que los bancos no quiebran de la noche a la mañana y que existen diversos mecanismos mediante los cuales el supervisor puede detectar el deterioro que viene atravesando un banco, ya sea a través el análisis extra situ (con indicadores financieros), como el análisis in situ mediante las visitas de inspección al banco, que incluye trabajo de campo en el mismo banco. Como se demuestra en las secciones 2.A y 2.B del presente informe, tanto el análisis de indicadores como los informes de visita de - 64 -