presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, era función expresa del Servicio
de Inteligencia Nacional, órgano directriz del Sistema de Inteligencia Nacional (en el
que estaban unificados todos los servicios de inteligencia de los institutos armados).
La presencia de las tropas ecuatorianas recién se hace pública a partir de diciembre
1994. Sin embargo, es de público conocimiento que el Servicio de Inteligencia
Nacional, durante ese mismo período dedicó tiempo, efectivos, recursos y
equipamientos, a la ilegal vigilancia y seguimiento de personalidades políticas, entre
las cuales estaban los candidatos presidenciales para las Elecciones Generales de
1995.
Se ha determinado que durante esta misma época, se utilizaron diversos mecanismos
de control sobre los medios de comunicación para generar campañas psico – sociales
y lograr el apoyo de la opinión pública hacia la candidatura reeleccionista del Ing.
Alberto Fujimori.
En relación a los graves hechos que afectaban nuestra frontera norte, éstos fueron
usados con los mismos intereses propagandísticos partidarios por parte del entonces
Presidente – Candidato. Esto se evidencia en el testimonio brindado a la Comisión el
11/07/01, del Gral. E.P. (r) López Trigoso. Fue en función de las Elecciones
Generales del 9 de abril de 1995, que se decidieron las operaciones para desocupar
las tropas ecuatorianas.
La superposición de intereses político partidarios sobre los objetivos de la defensa
nacional, aún a costa de la pérdida de vidas de nuestras tropas, constituye una de las
responsabilidades más graves de quienes tuvieron la conducción de la Defensa
Nacional en ese período, en especial, el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, no sólo
por incumplir su rol como Jefe Supremo de nuestras Fuerzas Armadas, sino también
beneficiario directo del aprovechamiento del conflicto con fines políticos.
Otro hecho que evidencia esta utilización política del conflicto, es el hecho de que el
anuncio del Ing. Alberto Fujimori al anunciar ante el país la toma de Tiwinza y
determinar unilateralmente el cese al fuego el 13 de febrero de 1995; se dio sin
constatar la expulsión definitiva de las tropas ecuatorianas de territorio peruano, tal
como lo demuestran las acciones de los días subsiguientes. De modo que, por el
contrario, el establecimiento de la zona desmilitarizada a partir de la Declaración de
Itamaraty, el 17 de febrero, sirvió para que se mantuvieran las posiciones en las que
se encontraban los ecuatorianos y que estaban en territorio peruano.
Otro de los elementos determinados por las investigaciones, son las negligencias
ocurridas para la atención de las necesidades de nuestras tropas en aspectos tan
elementales como la provisión de alimentos cuya parte administrativa estaba bajo
responsabilidad del Comandante General del Ejército.
En ese marco, cobran especial gravedad contra la seguridad nacional, los hechos
ilícitos cometidos por el Gral. EP (r) Nicolás de Bari Hermoza y de los oficiales
pertenecientes al Comando Logístico del Ejército (COLOGE) quienes, participando en
operaciones irregulares, se beneficiaron con recursos que estaban destinados a la
defensa nacional. Estas graves irregularidades también se evidencian en la forma
como se efectuaron las maniobras militares en la zona de conflicto, aun a costa de
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