Se desviaron ilegalmente fondos provenientes de la privatización de empresas públicas. Se debilitó la capacidad disuasiva y defensiva de las fuerzas armadas porque se adquirió armamento y pertrechos de mala calidad. Se favoreció la formación de organizaciones criminales para apropiarse de recursos de Defensa e Interior.

Este caso motivó la renuncia del Segundo Vicepresidente de la República, a menos de un año de la elección del presidente ollanta Humala; así como, la destitución de altos mandos de la Policía Nacional.

Afectación de la calidad de educación básica regular de los estudiantes de la institución educativa. Con los fondos desviados, el Estado podría haber atendido la cobertura anual de 1,060 niños en educación inicial y de 926 alumnos de educación secundaria rural.

Se modificó la normatividad para facilitar la compra sobrevaluada en perjuicio del Estado. Los miembros del Directorio del Banco de la Nación no cumplieron su función de control y el Estado peruano terminó vinculado a operaciones con una entidad financiera vinculada al crimen organizado internacional.