Primer Foro Público de diagnóstico de la presencia de redes ilícitas y el narcotráfico
en la política.
El Foro Público que promovió la Comisión Investigadora, en marzo del presente año,
estuvo orientado a consolidad el marco teórico y conceptual del objeto de
investigación, estableciendo el estado de situación del debate del narcotráfico en
NAmérica Latina así como las perspectivas del proceso actual. Participaron los
especialistas internacionales, Catalina Pérez Correa, Profesora e Investigadora de
la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(GIDE, México); Juan Fernando Londoño, Director del Centro de Análisis y Asuntos
Públicos (Colombia); y, Sergio Chaparro, Abogado de Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia, Colombia). Dicho evento no significó
ningún gasto para el Congreso de la República y se hizo con el apoyo de Idea
Internacional.
2.2.3. Tercera etapa: Investigación empírica (trabajo de campo).
Entrevistas a procesados.
Este es el eje central de la producción de información específica para el estudio,
se trata de entrevistas a profundidad a procesados por el delito de tráfico ilícito de
drogas y/o lavado de activos que han sido o son autoridades políticas. Como un
caso excepcional y debido a las Mociones Números 12856 y 12857 que fueron
derivadas a la Comisión, ésta se hizo cargo de la investigación a Gerald Oropeza y
su vinculación con el Partido Aprista.
Criterios de selección de convocados, entrevistados e interrogados:
Hemos identificado cinco factores que han servido para visualizar las circunstancias
en las que habrían elementos para realizar una investigación específica de "narco
política" sobre determinada autoridad o persona. Así, de las listas originales que nos
fueron suministradas por el Ministerio del Interior, el Sistema Electoral, la Procuraduría
Antidrogas y de las fuentes documentales remitidas por el Ministerio Público, hemos
considerado la existencia, en lo fundamental de estos factores:
Procedencia de los casos de zonas de alta concentración de producción de
droga, o de trasiego de ésta por vía aérea, terrestre, fluvial o marítima.
La constatación de un desbalance patrimonial.
La existencia de una denuncia, atestado, acusación o proceso penal vigente.
Trascendencia del hecho en medios de comunicación locales, regionales
y/nacional internacional.
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