La señora ZAVALA.— Existe una diferencia sí, una se basa en los estados financieros y la otra es más profunda. Pero si no había ningún indicio en los estados financieros, como le digo el año 99 y 2000 el examen tiene un dictamen absolutamente limpio, es con eso que se ha trabajado. El señor PRESIDENTE.— ¿El dictamen de la auditoría qué resultaba daba en términos de reflejo de la actividad de Popular y Porvenir? La señora ZAVALA.— De paso dejarle los documentos, porque aquí están todos los números. El señor PRESIDENTE.— Perfecto, ¿pero cuál es la síntesis. Digamos, la empresa estaba quebrada? La señora ZAVALA.— No, la empresa no estaba quebrada. El señor PRESIDENTE.— ¿La empresa está en buen estado? La señora ZAVALA.— La empresa sí estaba en positivo. El señor PRESIDENTE.— Estaba en positivo. Entonces aquí hay dos preguntas que nos urge. La primera es, porque no tengo duda de que todos los miembros de Fonafe leen periódicos y ven televisión ¿no es cierto? sí están informados de la realidad actual. Por qué no se ordenó una investigación del período más critico de la administración de Popular y Porvenir, donde hemos tenido desde los escándalos del manejo de la administración del señor Miyagusuku, los alquileres vía subarriendos de bienes inmuebles de Popular y Porvenir a casinos norteamericanos, propiedad de personas vinculadas al directorio. Por qué los representantes de los propietarios, en este caso de los peruanos, los representantes del Estado que son los representantes ante la junta de accionistas, los que nombran a los representantes del Estado, no se interesaron en una investigación a fondo de irregularidades tan clamorosas como las que se revelaron durante todo el período de la gestión del señor Miyagusuku y compañía, el accidente del avión de Andoas, los pagos no efectuados a las fuerzas militares, la intervención de irregularidades en los reaseguros, etcétera, y simplemente dieron por aceptado un proceso de gestión financiera, una auditoría financiera y no una auditoría de gestión. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda sería, ¿si la empresa estaba bien por qué la liquidaron? La señora ZAVALA.— La segunda que es más breve de contestar es bien simple, existe un dispositivo 674 que es el de Copri que establece en una de las disposiciones transitorias, que creo es la novena, que los funcionarios públicos tienen que acatar las instrucciones de Copri bajo responsabilidad. Y en este caso, como correspondía la decisión respecto de la privatización o liquidación de Popular y Porvenir se tomó en Copri ¿no es cierto? Esa decisión no existe en el lado de Fonafe, puesto que Fonafe simplemente tiene que ejecutar de acuerdo a un mandato legal una instrucción clara y precisa de Copri. El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— Doctora, pero sabiendo Fonafe de que esta era una empresa rentable, que producía renta a favor del Estado, ¿no hizo alguna observación a la decisión de Copri de liquidarla? Aquí por ejemplo han venido otros funcionarios de Popular y Porvenir que han dicho de que frente a esta decisión de liquidarla, inclusive hubo un informe legal, en la que decía que se venían cometiendo muchas irregularidades, por eso es que Fonafe no participó de las convocatorias de junta de accionistas para liquidar Fonafe. ¿No hubo un documento o una opinión en la que establecía que era inconveniente la liquidación de Fonafe? -43-