Fuerzas Armadas, General de División EP (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos, por su
participación en el “autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992”, acusándolo de los delitos de
rebelión, daños al país, violación de la libertad de expresión y abuso de autoridad.
La segunda información hacía referencia a una exposición hecha por el General de División EP
(r) Jaime Salinas Sedó en el foro “Retos y posibilidades del proyecto ocasional”, organizado por
un autodenominado Comité Cívico por la Democracia, en la que, entre otros conceptos, señaló
con referencia al pronunciamiento del 5 de abril de 1992, que ese autogolpe fue el pretexto para
cambiar las reglas de juego y perpetuarse en el poder.
Estas expresiones vertidas por dos elementos que idiológicamente representan posiciones
polares, pero que tienen en común su animadversión contra el actual gobierno, sus Fuerzas
Armadas, Policía Nacional y Sistema de Inteligencia Nacional y que son recogidas por un diario,
consideró que no deben interpretarse como hechos aislados sino como el comienzo de una
campaña sistemática que inserta dentro de la lucha preelectoral que está desarrollándose en el
país, pretendería involucrar a las instituciones tutelares y a quienes en su momento las
comandaron con relación a decisiones trascendentales que se tomaron en su momento, con el
claro propósito de dañar la imagen y prestigio institucional, atribuir responsabilidades
individuales a sus más altos mandos y conseguir, vía el amedrentamiento, la inhibición de dichas
instituciones para adoptar decisiones que son esenciales para la vida y el desarrollo del país.
Ante estas protervas intenciones señaló que era preciso puntualizar algunos aspectos referidos a
la situación que vivía la nación por aquella época, en la que se estaba generando un clima de
ingobernabilidad sumamente peligroso para la supervivencia democrática del Perú.
No podemos olvidar —dijo— que diversos grupos políticos sin importarles el interés nacional
optaron por bloquear o desnaturalizar en el Parlamento los decretos legislativos que
oportunamente promulgara el gobierno y que constituían el marco legal necesario que permitía a
las fuerzas del orden combatir al terrorismo (4) y al narcotráfico, a la vez que establecían las
bases para que un Poder Judicial, conformado por magistrados competentes y honestos, estuviera
en capacidad de sancionar drásticamente la violencia sangrienta y criminal con que el terrorismo
amenazaba destruir la institucionalidad del país.
Todo ello, junto con otras medidas legislativas que iban a hacer posible superar la vulnerabilidad
que implicaba para el estado de derecho el ser atacado durante 10 años por una forma de guerra
irregular para lo cual no estaba preparado, pues el terrorismo y el narcotráfico aprovechaban las
ventajas que les daba un ordenamiento legal concebido para una situación de paz y tranquilidad
interna.
Pues bien, ante estos decretos legislativos fundamentales, los partidos políticos tradicionales
atrincherados en el Parlamento adoptaron una posición obstruccionista con el propósito de
bloquear la acción del gobierno.
De una parte, derogaron las normas dictadas para contrarrestar el terrorismo y el narcotráfico. De
otra parte, también recortaron las facultades del Ejecutivo en aspectos presupuestales y
económicos y, finalmente, pasaron a acusarlo de estar promoviendo la militarización del país con
el pretexto de la política de pacificación y de sus instrumentos legales que permitían ampliar el
marco de participación de las fuerzas del orden en la vía civil, olvidando que en todo sistema
democrático las fuerzas del orden constituyen el aparato encargado de defender el estado de
derecho y que en cumplimiento de su alta y noble misión, las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional día a día
daban su dolorosa cuota de vidas humanas, sacrificadas en aras de la paz interna.
Por otro lado, el que las fuerzas del orden se subordinen al poder político en absoluto significa
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