Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros 1990-2001 A rea de Licitaciones y A dquisiciones del Estado 05-JUN -2002 habría sido el motor para que se usara información e influencias que favorecieran a su empresa familiar. Vamos a presentar a continuación otros casos donde las relaciones entre contratados y contratantes se dan a través de modalidades similares al caso Camet, aunque en menor escala. 5. CASO MESALA S.A. Esta investigación se inicia luego de que la Comisión recibió información de posibles irregularidades que se habrían cometido para favorecer sistemáicamente a una empresa constructora que ejecutaba obras de infraestructura para varias Entidades Públicas y que estaba ligada a un alto funcionario público del Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata de Contratistas Asociados MESALA S.A.C. y sus vinculaciones con el señor Reynaldo Bringas Delgado, quien fue Director General de Presupuesto Público y Director del Banco de la Nación entre los años 1996 y 2001. Para llevar a cabo esta investigación, se pidió información a la propia empresa, al Consucode, al Ministerio del Interior, al Instituto Nacional de Defena Civil-INDECI, al Ministerio de Defensa, a la Universidad Nacional de Ingeniería y al Hospital Arzobispo Loayza, que fueron las instituciones señaladas por los informes iniciales recibidos, con el fin de conocer la magnitud de las transacciones, las modalidades o mecanismos empleados y determinar la naturaleza de las supuestas vinculaciones de dicho funcionario con empresas constructoras y las citadas Entidades Públicas. La hipótesis que orientó este trabajo fue que las adjudicaciones de obras de construcción a MESALA SAC, se dieron motivadas por intereses económicos en común, establecidos entre Reynaldo Bringas Delgado con la empresa Mesala SAC; en asociación con los responsables de diversas Entidades Estatales. El procesamiento de la información recibida se hizo en varias etapas. Primero se trató de conocer a la empresa, se buscaron los vínculos entre los representantes, propietarios o directivos de esta empresa, con los funcionarios públicos de las instituciones ligadas a la adjudicación y/o pago de las obras; con esta información se determinó la naturaleza de tales vínculos y su profundidad. Seguidamente, se trató de cuantificar el volumen de las adjudicaciones otorgadas, qué instituciones las hicieron, bajo qué modalidades y durante cuánto tiempo, analizando en cada paso si se han cometido irregularidades y de qué tipo. Finalmente, se hizo un breve examen de la normatividad sobre contrataciones del Estado con el fin de definir el rol del marco legal y el análisis penal de los hallazgos para saber si eran tipificables y pasibles de llegar a ser denunciados. 24