problemas. Por un lado se considera que existe responsabilidad de la nueva gestion por no haber denunciado los hechos irregulares de la anterior gestión, de los que tuvo conocimiento. Es importante señalar que en la medida que la crisis real del banco fue ocultada mediante la inadecuada clasificación de los créditos, se generó una situación de aparente tranquilidad. Lo que realmente estaba haciendo el banco era consumirse los activos propios al giro del negocio, reduciendo el potencial de la generación neta de fondos. De esta manera, continuaron aplicando recursos del banco (y por tanto del público ahorrista) en la cartera en pérdida, vinculada y aquella que era estructuralmente demostrada como deficiente. En resumen, la nueva dirección y gestión del Banco Latino no logró revertir la situación de insolvencia del Banco Latino, tal como lo demuestran los indicadores financieros del banco y los informes de visita de inspección. Asimismo, la Gerencia del Banco no formalizó ante el Directorio del Latino la real situación financiera del Latino pues, de haberlo hecho, la SBS se habría visto forzada a intervenir el Banco Latino porque la situación real de la cartera hubiera puesto en evidencia el serio déficit de provisiones y por el cual el banco estaba incurso en causal de intervención. Si bien la Gerencia no formalizaba esta situación deterioro, tanto el Presidente del Banco como la Superintendencia tenían conocimiento de la real situación. Habiendo la SBS determinado (por visita de inspección) que en Junio de 1999 el Banco Latino tenía pérdidas adicionales a las determinadas en diciembre de 1998 (porque al 7 de diciembre sólo habían analizado el 38% de la cartera). Las pérdidas adicionales ascendían a S/.168 millones y equivalían al 99.8% del patrimonio del banco y había incurrido en causal de intervención; sin embargo, la SBS decidió no intervenir el Banco y prefirió recomendar al MEF la compra de la peor cartera del Banco Latino. La SBS no determinó en su momento la totalidad de las pérdidas a efecto de no intervenir el banco, permitiendo incluso que algunos accionistas causantes de la debacle del mismo, permanezcan en el directorio. De otra parte, cuando finalmente la SBS detecta la magnitud de las pérdidas en junio de 1999 y sabe que el Banco había incurrido en causal de intervención, optó por no intervenir. Luego se diseñó un mecanismo de venta de cartera del Banco Latino al Banco de la Nacion, donde se compró la peor cartera (deficiente, dudoso y pérdida) al Banco Latino a valor bruto en libros, cuando lo mínimo que se debió hacer es castigar el valor de la cartera por el grado de deterioro. Desde el momento en que el Estado compra esa cartera a valor bruto y sin provisiones, se concretó una pérdida para el Estado, pues este está pagando de más por una cartera de la cual sabe que no podrá recuperar a su valor nominal. Así, el día 13 de julio de 1999 se emitió el Decreto de Urgencia N° 041-99, mediante el cual se autoriza al Banco de la Nación para que, por encargo del MEF, adquiera activos de las empresas del Sistema Financiero en las que el Estado tenga a la fecha participación mayoritaria, sea directa o indirecta, inclusive aquella participación originada en actos de derecho privado. Es importante resaltar que el único Banco donde el Estado tenía una participación mayoritaria con un 86.5 % a través de COFIDE era el Banco Latino; por lo tanto la referida norma fue con nombre propio. 88