Fujimori, un monto de $ 800 mil para la compra de este terreno. Sin embargo, estas investigaciones se encuentran en una primera etapa y serán enviadas al Ministerio Público para su esclarecimiento. 25- A casi diez años de la privatización de Hierro Perú, los resultados son sumamente controvertidos: la empresa fue adquirida en un proceso poco transparente en el que el Consorcio Shougang pagó más de $ 120 millones por una empresa que había sido valorizada en $22 millones. Un vistazo simple podría llevarnos a colegir que fue un gran negocio, sin embargo, luego de la subasta de Diciembre de 1992 el gobierno de Fujimori emitió tres Decretos (D. Ley Nº 25887, D. Ley 25976 y D. Supremo Nº079-93-EF) mediante los cuales el estado asumió las deudas ascendentes a más de 800 millones de soles para capitalizarlos a favor del nuevo operador. En este caso es necesario profundizar las investigaciones para corroborar las hipótesis de supuesta existencia de información privilegiada previa al proceso que habría motivado pagar ese precio por la empresa o si se trataría de un error de cálculo del consorcio ganador. En especial si él, en ese entonces hombre fuerte del régimen Victor Joy Way, era representante de varias empresas Chinas que empezaban a penetrar en el mercado peruano. El problema principal es que no todos los compromisos de la privatización fueron cumplidos. Shougang se había comprometido a invertir $150 millones en el período 1992-1995, sin embargo, la empresa no cumplió con estos compromisos reprogramando las inversiones para el período 1996-1999. Al final para la empresa fue un mejor negocio pagar una penalidad de $ 12 millones que cumplir con alguno de los dos cronogramas de inversión comprometidos. 26- Este incumplimiento ha ocasionado graves problemas sociales debido a que actualmente solo hay 1,300 trabajadores trabajando en la empresa, mucho menos de los 4,800 que habían en 1992. Pero las cifras globales de población son más dramáticas; actualmente solo hay en Marcona 12,900 habitantes de los 22,000 que habían hace diez años. Si a ello le añadimos las condiciones laborales, cada vez más precarias, en las que trabaja la población debido a la ausencia de renovación tecnológica, el incremento en el riesgo accidentes de trabajo y la proliferación de enfermedades producto de la existencia desregulada de lagunas de oxidación, nos encontramos con un escenario preocupante. Asimismo, es importante recalcar el daño ecológico en esta zona como producto de los relaves y residuos químicos que están siendo desechados en el mar adyacente a Marcona ocasionando la contaminación de la bahía y un daño irremediable a la fauna de la zona. Creemos necesaria la intervención de las autoridades competentes, como el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Energía y Minas, para trabajar en una estrategia integral que permita mejorar las condiciones de los trabajadores y de la población en general. Sólo de esta manera olvidaremos la imagen de los enclaves existentes a principios de siglo que ya no deberían existir más. 27- En el caso de la privatización de infraestructura, vía la modalidad de concesión a largo plazo; el caso más resaltante es el de los Puertos administrados por la Empresa Nacional de Puertos – ENAPU S.A.. El proceso iniciado en 1992 con la inclusión de ENAPU en el proceso de privatización a través del DL. 25882, ha carecido de un Plan Estratégico de desarrollo portuario en función del crecimiento económico y comercial del país; más aún, considerando que los puertos canalizan el 80% del comercio exterior, y que, por su naturaleza no pueden ser considerados como unidades de negocios sino como servicios esenciales. Esta falta de perspectiva 153