El proceso judicial tiene como función esencial fijar la producción o existencia de determinados hechos a los que el Derecho asigna determinadas consecuencias y que éstas se apliquen a los sujetos indicados por el propio Derecho. El derecho a la prueba, reconocida su condición de derecho fundamental, posee una doble dimensión o carácter. "En su dimensión subjetiva, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria, con la finalidad de acreditar los hechos que configuren su pretensión o defensa. En su dimensión objetiva comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia" (STC 1014-2007-PHC/TC del 05.04.2007)254. El derecho a la prueba es reconocido de manera expresa como norma rectora en el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo IX del Título Preliminar, cuando señala que toda persona tiene derecho a preparar su defensa, a ejercer su autodefensa material y a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria; y en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. 3. Alcances de la prueba El Tribunal Constitucional no recogió inicialmente en sus sentencias el contenido esencial o constitucionalmente protegido del derecho a la prueba, sino que antes existió un desarrollo efectuado por la doctrina nacional y por la doctrina y jurisprudencia extranjera. No obstante, a través del tiempo, dicho Tribunal ha venido trabajando y delimitando los alcances del derecho fundamental a la prueba mediante su jurisprudencia, aunado a la especial circunstancia de que el nuevo Código Procesal Penal ha determinado de manera expresa las reglas probatorias. Tribunal Constitucional, expediente N° 1014-2007-PHC/TC Demandante: Luis Federico Salas Guevara Schultz Demandado: César Javier Vega Vega y otros Materia: Hábeas Corpus 254 1047