retrasos enormes y deudas de incumplimiento con respecto a otras entidades y
consigo misma. Por un lado la CGR no cumplió con presentar 316 expedientes en
respuesta a sendos pedidos del Congreso; y por el otro, la alta Dirección de la
CGR tampoco cumplió consigo misma, sumando un total de 451 auditorias
iniciadas y no terminadas. Por si fuera poco, el gobierno de transición encontró
40,262 recomendaciones incumplidas
9. Finalmente, la naturaleza de la red mafiosa, en el caso de la CGR, estuvo
definida por la pertenencia del contralor a la red y por su estabilidad en el cargo.
Así el contralor aparece vinculado a las más diversas situaciones de falta tanto por
las ya mencionadas operaciones de encubrimiento como por sus conexiones con
oscuros personajes vinculados al narcotráfico. Así estuvo relacionado con el
contador de la banda de narcotraficantes “Los Camellos”, Edwin Antón, quien fue
colocado en puesto claves de la CGR (jefe de auditoria interna), y fue socio de
Víctor Caso Lay en la empresa Ivad Services S.A. Por otro lado, al igual que en
otras instituciones analizadas, dos serían las áreas comprometidas, la gerencia de
gestión que conduce las operaciones institucionales específicas (auditorias) y la
asesoría jurídica.
SITUACIÓN LEGAL
El 26 de setiembre del 2001, la CIDEF presentó la Denuncia Constitucional Nº 28
contra el prófugo ex–Presidente de la República Alberto Fujimori y otros altos
funcionarios del Estado del régimen fujimontesinista, por infracción de la
Constitución y la comisión de diversos delitos para lo cual se cometieron una serie
de irregularidades mediante el uso ilegal de normas de carácter secreto. Allí se
denunció al ex–Contralor General de la República, Víctor Caso Lay, por los delitos
de encubrimiento personal y omisión de denuncia, tipificados en los artículos 404º
y 407º del Código penal, y por infracción de del artículo 82º de la Constitución. Sin
embargo, con posterioridad a la presentación de la denuncia se ha determinado
que existen suficientes indicios que el señor Víctor Caso Lay está involucrado en
otros delitos.
Teniendo en cuenta lo expuesto, el congresista Javier Diez Canseco Cisneros
formuló ampliación de la denuncia constitucional Nº 28 contra el ex–Contralor
General de la República Víctor Caso Lay, por la comisión de los delitos de
asociación ilícita, en calidad de autor de conformidad al artículo 23º del Código
Penal, colusión, peculado y malversación de fondos, en la calidad de cómplice de
conformidad al artículo 25º del Código Penal; delitos previstos y sancionados en
los artículos 317º, 384º, 387º y 389º del Código Penal. Actualmente la ampliación
de denuncia se encuentra en la subcomisión presidida por el congresista Walter
Alejos Calderón.
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