· · Las entidades de la Administración Pública son responsables de generar y gestionar la información y analizar la estadística de las denuncias que les competan, correspondiendo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos generar y administrar la información, a nivel nacional, así como su sistematización y generación de estadísticas, conforme a la norma que regule la materia y de manera progresiva. Las entidades de la Administración Pública son responsables de llevar a cabo campañas y programas de comunicación para difundir y construir una cultura de denuncia. D. Lineamientos A fin de cumplir con este objetivo las entidades responsables deberán considerar, como mínimo, los siguientes lineamientos: · · · · Implementar los mecanismos necesarios para facilitar las denuncias de actos de corrupción, brindando al denunciante la posibilidad de realizar el seguimiento a su denuncia. Estandarizar el procedimiento para la gestión de denuncias en las entidades públicas. Realizar el seguimiento y evaluación del sistema de denuncias. Mejorar los mecanismos de protección a los denunciantes y testigos de delitos de corrupción, asegurando los recursos necesarios para su sostenimiento. Objetivo Específico 2.2.: Impulsar una carrera pública meritocrática A. Situación Actual En la actualidad, el servicio civil cuenta con una serie de debilidades. Por un lado, el proceso de implementación del nuevo régimen legal establecido en la Ley No. 30057 se encuentra todavía en desarrollo y no cuenta con el impulso necesario para su pronta consolidación en todas las entidades públicas. De este modo, todavía conviven en el Estado una multiplicidad de regímenes laborales que generan una serie de ineficiencias en la administración de la carrera pública y un tratamiento desigual entre los/las servidores/as civiles. Ambos problemas impiden consolidar un cuerpo de servidores/as civiles sobre el cual se reduzcan los espacios de corrupción y se favorezca una cultura de integridad que caracterice sus actuaciones. En el mismo sentido, todavía existen debilidades en torno a la política remunerativa en el sector público. Las remuneraciones no cuentan con un sistema de escalas que asegure claridad en base a credenciales académicas y profesionales. De la misma manera, una actividad de gestión como la contratación de personal no cuenta con los niveles de transparencia y convocatoria requeridos para evitar direccionamientos o favorecimientos indebidos en los distintos regímenes especiales de contratación permitidos. De ahí que las prácticas como la contratación de “empleados fantasma” o de servidores/as civiles que no cumplen con los perfiles exigidos para el puesto sean actividades que todavía se desarrollan en la gestión pública cotidiana. (Defensoría del Pueblo: 2017) 69 OBJETIVOS DE POLÍTICA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN