58 POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Así, muchas entidades incurren en prácticas que restringen indebidamente el derecho de acceso a la información pública estableciendo cobros ilegales o arbitrarios a cambio de la entrega de información, negándose a entregar información por excepciones no contempladas en la normativa vigente o por una incorrecta interpretación de las mismas, o incluso entregando información incompleta. En otros casos, el procedimiento de acceso no es incorporado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad correspondiente o esta no cumple con designar al servidor/a civil responsable encargado/a del procedimiento, bloqueando cualquier ruta de acceso para el ciudadano/a (Defensoría del Pueblo: 2013). En el mismo sentido, es posible apreciar que todavía existen portales de transparencia que no cuentan con la información exigida por ley o que la información contenida en ellos no se encuentra debidamente actualizada (Shack: 2016). Por lo demás, no puede dejar de tomarse en cuenta que, según los análisis realizados, el incumplimiento de estas obligaciones se presenta con mayor frecuencia en los niveles regionales y locales de gobierno (Defensoría del Pueblo: 2013). Asimismo, existen determinadas actividades de la Administración Pública en las que los estándares de transparencia, o los canales formales de producción, no se encuentran correctamente definidos, en favor del desarrollo de prácticas de integridad. Así, por ejemplo, en el ejercicio de su potestad normativa a través de la aprobación de normas reglamentarias, las entidades de la Administración Pública no cuentan con canales de producción formal claramente establecidos para fomentar la participación de la ciudadanía y transparentar la intervención de grupos de interés (Comisión Presidencial de Integridad: 2016). En suma, no es posible encontrar todavía la construcción de una cultura de gobierno abierto en la mayor parte del Estado. Ello en la medida que muchos de sus mecanismos de funcionamiento y los operadores encargados de su implementación cotidiana llevan consigo las características de una gestión pública que no se desarrolla realmente en función del ciudadano/a. B. Meta Todas las entidades de la Administración Pública cuentan con portales de transparencia debidamente actualizados y con un sistema de acceso a la información pública que funcione correctamente debido al monitoreo de acciones de fiscalización y a la promoción de una cultura de gobierno abierto entre los/las servidores/as civiles. C. Responsables · El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es responsable de aprobar los lineamientos necesarios y de promover acciones de monitoreo y fiscalización para el correcto funcionamiento del sistema de transparencia y acceso a la información pública. · El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, es responsable de articular programas de capacitación que promueva una cultura orientada al gobierno abierto.