El siguiente caso analizado es el del Proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla, presentado por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú). La hidroeléctrica representa aproximadamente el 13% de la capacidad instalada de energía hidroeléctrica del país y será la segunda más grande, luego de Antúnez de Mayolo, en el distrito del río Mantaro. El proyecto, que fue adjudicado por la brasilera Odebrecht, cuenta con financiamiento del BID y del BNDES. En razón del involucramiento del BID, el BNDES se vería obligado a cumplir con las políticas de salvaguardas del BID. La Segunda Sección del documento incluye “Proyectos con participación posible del BNDES”. Allí se trata de proyectos sobre los cuales existen indicios de la participación del BNDES, según declaraciones de las partes interesadas y fuentes no oficiales, en su mayoría, periodísticos. El primero es el proyectado Complejo Kirchner – Cepernic, ex Cóndor Cliff - La Barrancosa, aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz, Argentina, documentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina). El proyecto se encuentra en proceso de licitación, por lo que aún no se llevan a cabo Estudios de Impacto Ambiental que permitan analizar la magnitud de los impactos. En cuanto a la posibilidad de participación de BNDES, uno de los consorcios interesados está compuesto por la empresa argentina Pescarmona y las brasileñas Odebrecht (sucursal local) y Alston Brasil Energía y Transporte, que habrían ofrecido como propuesta de financiamiento al BNDES. El último artículo documentado por Derecho, Ambiente y Sociedad (DAR, Perú), es sobre la proyectada represa Inambari en el Perú, que se encuentra dentro del Acuerdo Energético Perú – Brasil. Este acuerdo tiene como objetivo la exportación de electricidad producida en el Perú con capital brasileño para el mercado de ese país, con la participación directa del BNDES y empresas brasileñas. En 2009, cuando se presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central hidroeléctrica, la inversión fue valorada en $4,300 millones de dólares, que incluyen la línea de transmisión hacia Brasil pero no hacia el Perú. Algunos impactos previstos son deforestación e inundación de extensas áreas incluidos terrenos de cultivo, impactos a la biodiversidad y régimen hídrico y afectación a derechos humanos de casi 9,000 personas que deberán ser desplazadas. Este proyecto se encuentra actualmente detenido por que la empresa no siguió los procedimientos obligados según la normatividad peruana. Como se aprecia en los estudios de caso, existen conflictos derivados de la utilización intensiva de los recursos naturales y de la falta de cumplimiento de las normas nacionales—brasileñas o de otros países—que han generado la correspondiente respuesta ciudadana para exigir la efectividad de los derechos afectados. Esto exige un mínimo de transparencia en las actuaciones de los entes financiadores y el enmarcar sus actuaciones en estándares robustos de políticas sociales y ambientales. Tanto en Brasil como en los demás países de la región donde el BNDES tiene inversiones, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil buscan abrir canales de participación e información oportuna por parte del BNDES. Ello en la medida en que el Banco y las empresas brasileñas también avancen y crezcan geográficamente, independientemente de las fronteras. En ese sentido el Banco debe reconocerse ya como un actor con responsabilidades extraterritoriales, asumir e implementar políticas socio-ambientales adecuadas, que incluyan mecanismos efectivos de monitoreo independiente y objetivo. Esto ayudaría al Banco a tener un verdadero rol de liderazgo regional y mundial, atendiendo además el riesgo financiero que los crecientes conflictos implican en su desempeño. CASOS PARADIGMÁTICOS DE INVERSIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE BRASIL (BNDES) EN SUR AMÉRICA 15