Es así que desde el Ministerio de Agricultura (bajo la conducción del Ex Ministro Absalón Vásquez Villanueva) se implementó una política intervensionista bajo el argumento de que se debían incorporar a “socios estratégicos”, llevando no solo al cambio del régimen empresarial, sino sobre todo a la transferencia de propiedad a favor de grupos económicos que, apoyados en la emisión de normas por el gobierno de turno, asumieron la dirección de las principales azucareras. En este contexto, es que el 12 de marzo de 1996 se promulga el Decreto Legislativo 802, el cual es suscrito por Alberto Fujimori,·Dante Cordova (Presidente del Consejo de Ministros), Absalón Vasquez (Ministerio de Agricultura) y Jorge Camet (Ministro de Econocmía y Finanzas). Este Decreto Legislativo creó el Programa Extraordinario de Regularización Tributaria (PERTA), mediante el cual SUNAT condonaría el 70% y capitalizaba el 30% de las deudas tributarias de las azucareras, sujeto a que las empresas azucareras cambien su modalidad empresarial a sociedades anónimas y los trabajadores capitalicen no menos del 50% de su CTS y el 100% del resto de adeudos laborales. Si bien es cierto que el Decreto Legislativo 802 permitiría sanear la crisis financiera que afrontaba el sector azucarero, la incorporación de inversionistas privados mediante el proceso de transferencia de acciones, en algunos casos fue poco transparente y estuvo plagado de irregularidades. Estas irregularidades fueron apoyadas por el poder político mediante la emisión de normas destinadas a favorecer a los inversionistas en detrimento de los intereses de los trabajadores, como es el caso de la Privatización de Pucalá. Investigaciones desarrolladas La CIDEF ha concluido con el análisis legal de la basta normatividad del sector azucarero. Igualmente se ha concluido con la investigación de las empresas Agro Industrial Pucalá, Agro Industrial San Jacinto (pendiente de la presentación del informe final) y del Fondo Económico Especial; fondo destinado a solucionar problemas laborales de los trabajadores. Se encuentran en proceso de investigación Laredo, Chucarapi, Paramonga, Casagrande, Chiquitoy y la Papelera Trupal S.A. La presente investigación está enmarcada dentro del proceso de privatización llevado a cabo por el Gobierno del Ex – Presidente Alberto Fujimori en las empresas agrarias azucareras que, hasta fines de los años 95, se encontraban bajo el marco legal del cooperativismo. El Poder Ejecutivo de ese entonces, aplicó una política sectorial basándose en el erróneo argumento de que el modelo de propiedad colectiva o cooperativista, se encontraba en crisis y constituía una traba para futuras inversiones y mayor tecnología para el sector. Luego del marco legal que exponemos a continuación, el poder Ejecutivo promulgó sendos decretos de urgencia que ha tenido como consecuencia una abundante legislación sobre la materia, afectando los procesos de transferencia del sector azucarero. A modo de introducción es necesario hacer una explicación general de la base legal que, en un principio, tuvieron dichas privatizaciones. El Dec. Leg. No. 802, promulgado el 12 de marzo de 1996, estuvo destinado a cambiar el modelo empresarial de las empresas en cuestión, de cooperativas a sociedades anónimas y, a su vez, sanearlas económicamente. El PERTA, programa de saneamiento económico creado por el referido decreto, dispuso entre otras opciones, la condonación por parte del Estado del 70 % de la deuda tributaria y la capitalización del 30 % restante en acciones de la empresa azucarera deudora. Asimismo, era de obligatorio cumplimiento que los trabajadores capitalicen 73