renovación de los generales y almirantes a propuesta de los Comandantes Generales respectivos. La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (Decreto Ley 25635) promulgada el 21 de julio de 1992, unificó todos los organismos de inteligencia bajo la dirección central y rectora del Servicio de Inteligencia Nacional, controlado en la práctica por Vladimiro Montesinos Torres. Sin embargo, éste no actuó autónomamente, ya que el mencionado Decreto Ley explicitó la subordinación del Sistema de Inteligencia y del SIN al Presidente de la República, de quien dependen, para quien producen la información de inteligencia y de cuyas determinaciones de criterios y políticas depende su actuación. (Art. 2°, 7°, 12°). La modificación del Sistema de Defensa Nacional (Decreto Legislativo 743° promulgado el 08 de noviembre de 1991, restituyó el Consejo de Defensa Nacional como el más alto órgano de decisión de dicho Sistema, que bajo la dirección del Presidente de la República establece la política que orienta la conducción de la defensa nacional. El Consejo de Defensa Nacional está integrado por miembros natos y eventuales. Son miembros natos además del Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Economía y Finanzas, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y el Jefe de la Secretaría de Defensa Nacional. Los miembros eventuales son los Comandantes Generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, el Director de la Policía Nacional, el Jefe del Instituto Nacional de Planificación y el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Aún cuando los miembros eventuales sólo tienen derecho a voz, los testimonios recogidos por la Comisión demuestran que el funcionamiento y las decisiones adoptadas estaban controladas por los militares y que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos tenía un rol definitivo en los acuerdos adoptados. Las Fuerzas Armadas asumieron con la anuencia del Presidente de la República una substancial gravitación en las más importantes decisiones políticas con claro debilitamiento del funcionamiento del sistema democrático. Al mismo tiempo, se fue acentuando a lo largo de la década, la injerencia política en las Fuerzas Armadas mediante la asunción de cargos de confianza y la sujeción a instancias secretas de los servicios de inteligencia. Se produjo una práctica militarización de diversos aspectos de la vida social, como lo demuestran las disposiciones legales que obstaculizaron la investigación y sanción de casos de violación de los derechos humanos; las presiones ejercidas sobre los medios de comunicación que informaron sobre aspectos sensibles como la eventual vinculación de algunos mandos militares con el narcotráfico; las denuncias sobre participación de miembros de las Fuerzas Armadas en las campañas políticas reeleccionistas y el uso de equipos militares para la vigilancia y persecución de políticos y periodistas. Alberto Fujimori fue el responsable de las decisiones que se adoptaron durante el conflicto del Alto Cenepa, determinando que las acciones de combate se desarrollaran en un terreno difícil, para encuadrar las acciones en la estrategia de solución con el Ecuador. Los aspectos de la hipótesis de guerra “Defensiva - Ofensiva” expresada en la Directiva 012-EMFA/DE (que sirvió de fundamento a las adquisiciones que se efectuaron) fueron diseñados por el Gral E.P.(r) Tomás Castillo Meza, en su calidad de Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, para luego ser aprobada por el ex Presidente Alberto Fujimori, el entonces Ministro de Defensa, Víctor Malca Villanueva y el ex Presidente 114