3 / El sinuoso camino al desastre, 1860-1883 195 los rasgos personales y familiares de sus clientes y socios. Witt reconoció, así, el valor moral e intelectual de figuras claves como Manuel Pardo y Francisco García Calderón, no obstante las fricciones que alguna vez tuvo con ellos. A la inversa, Witt sospechaba de —o temía a— José Gregorio Paz Soldán, Manuel Ortiz de Zevallos, Juan Manuel Iturregui y muchos otros por el abuso que hacían del poder, sus hábitos de apostar y beber o sus prácticas fraudulentas. También se sintió repelido por los designios del clan Echenique, de Nicolás de Piérola y de Henry Meiggs. Las observaciones de Witt y los ejemplos que ofrece de sobornos y venalidad administrativa coinciden estrechamente con los proporcionados por otros importantes críticos de la corrupción, entre los cuales se encuentran José Arnaldo Márquez y Manuel González Prada, así como con los casos que cita el historiador Watt Stewart para esta época. A partir de dichas fuentes resulta posible volver a rastrear cómo fue que los funcionarios estatales y los caudillos militares, en complicidad con ciertos agentes de negocios, continuaron formando redes interesadas en evadir, defraudar y violar medidas legales para provecho propio. Estos actos minaron la eficiencia de los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Las redes de corrupción enlazaban a ministros, parlamentarios, jueces y hombres de negocios, así como a ciertos abogados que actuaban como intermediarios claves. Bajo estas circunstancias, los derechos de propiedad privada y los arreglos contractuales permanecieron inseguros y sujetos a litigios impredecibles. Los sobornos y favores políticos desplazaban a la competencia abierta en la puja por los contratos oficiales e inyectaban un serio sesgo a la toma de decisiones transcendentales para el desarrollo económico e institucional del país. Todo esto elevaba los riesgos financieros y los costos de transacción, y minaba la eficiencia de la economía en general. A pesar de la existencia de restricciones legales, el difundido abuso del sistema llevó a ganancias desmedidas ligadas a la corrupción. Dichas prácticas se justificaron como medios para lograr el progreso económico y el bien común prometidos por los grandes proyectos de obras públicas que alcanzaron su clímax a comienzos de la década de 1870. Negocios guaneros monopólicos Una importante modificación legal ordenó en 1860 que todo contrato público importante debía ser obligatoriamente aprobado por el Congreso.8 En un 8. Ley del 27 de agosto de 1860, artículo 2, publicada en El Peruano, 5 de septiembre 1860.