2 / Cimientos socavados de la temprana república, 1821-1859 189 (duplicando el costo total del decenio de 1840) y continuó creciendo hasta 8,3 millones de pesos/soles en los años sesenta. Excepción hecha de la década de 1820, los niveles más altos como porcentaje del gasto (63 por ciento) y del PBI (4,3 por ciento) se alcanzaron en el decenio de 1850. En consecuencia, y con las evidencias cualitativas mostradas en este capítulo, resumidos en los estimados del cuadro A.7, podemos considerar los gobiernos de Echenique-Torrico (1851-1855) y Gamarra-La Fuente (1829-1833) como los más corruptos del temprano periodo republicano (igualados luego, tal vez, por los gobiernos de finales del decenio de 1860 y de comienzos y finales de la década siguiente). La tolerancia del público a la creciente corrupción tuvo, a pesar de todo, ciertos límites impuestos por las depredaciones evidentes, los escándalos, las campañas periodísticas y la oposición política. Elías y Castilla pujaron por el poder sobre varias oleadas de creciente percepción pública de la corrupción, inicialmente protestando públicamente, estimulando levantamientos y conflictos civiles armados, y deponiendo autoridades corruptas. Si bien los esfuerzos más prometedores de reformadores civiles liberales fueron relevantes para exponer serios defectos administrativos y de corrupción, también fueron demasiado débiles para imponerse y no estuvieron exentos de sus propios intereses particulares. A pesar de los intentos legislativos y judiciales para limpiar el contaminado crédito y los contratos públicos de prácticas corruptas, a mediados del siglo grupos de presión bien establecidos obligaron a retroceder radicalmente cualquier intento de reforma (posteriormente continuaría el notorio soborno de senadores y diputados para conseguir la aprobación parlamentaria de contratos públicos, efectuado por los beneficiados y magnates que buscaban conseguir ganancias monopólicas). La persistencia de la campaña contra la corrupción podría haber conllevado la caída de un gobierno que continuase apoyando una reforma honesta del crédito público. El pragmático Castilla y su séquito, que en algún momento incluyó al reformador civil Domingo Elías, se adaptaron consecuentemente a una administración del crédito público inherentemente contaminada. Una indomable corrupción había, pues, sentado las condiciones para un mayor abuso a costa de la renta del guano, del crédito público y de los contratos de obras públicas durante el siguiente ciclo de depredación.