166 Alfonso W. Quiroz la pureza judicial menos por encima de toda sospecha como en el Perú, y en ninguno puede tenerse menos confianza en la integridad de los magistrados [...]. Algunos [miembros] de la judicatura peruana no son ni incorruptibles ni incorruptos», debido, en parte, a «las interminables y desmoralizadoras guerras civiles, el derroche oficial de los tiempos, la pobreza de algunos jueces, su dependencia del Ejecutivo [...] y por último, sus salarios que son pagados con muy poca regularidad».103 Por entonces, diversas pesquisas dejaron al descubierto tramas de sobornos entre jueces prominentes e intereses privados.104 Las débiles disposiciones institucionales en la contratación para la extracción y comercialización del guano contribuyeron, de modo crucial, a frustrar el progreso socioeconómico y político del Perú de mediados del siglo XIX. La primera generación de contratos de guano en las décadas de 1840 y 1850 sentó las bases de los futuros problemas financieros del Estado peruano. Estos contratos otorgaban fundamentalmente concesiones monopólicas a casas comerciales supuestamente sólidas para la venta de cargamentos de guano en Europa, EE. UU. y otros mercados extranjeros. El Estado peruano continuaba siendo el único propietario de los depósitos de guano, pero pagaba una comisión a los consignatarios, aparte de los costos de comercialización que eran cargados a la cuenta estatal. Las consignaciones se otorgaban, además, a empresas dispuestas a adelantar al gobierno fondos a un interés elevado que llegó hasta el uno por ciento mensual, aparte de pagar sobornos a funcionarios de sucesivos gobiernos. Todo esto significa que los consignatarios tenían pocos incentivos 103. Comentarios de J. C. Pickett sobre el discurso de Gamarra al Congreso (Pickett a Forsyth, Lima, 15 de Julio de 1840, n.° 16, Despatches 1826-1906, roll 5, USNA.). 104. En 1830, una pesquisa efectuada contra Pascual Francisco Suero, juez de primera instancia de Lima, encontró evidencias de cohecho para favorecer al comerciante de harina Frederick Pfeiffer, Juicios de Pesquisa, leg. 432, AGN. Otros casos de jueces acusados de cohecho y prevaricato son los de Mariano Santos de Quiroz (vocal de la Corte Superior de Lima), 1830; José Lisa (Ica), 1834-1835; y Juan Manuel Campoblanco (Jauja), 1836. Véase, también, López Aldana, Fernando; Felipe Santiago Estenós, Justo Figuerola, y Lorenzo Soria. Refutación documentada de las principales falsedades y errores de hecho y de derecho que contiene el manifiesto publicado por el S. D. D. Mariano Santos Quirós contra los magistrados de la Suprema Corte de Justicia que sentenciaron en primera instancia el juicio de su pesquisa. Lima: Imp. José Masías, 1831, pp. 39-40: «Ser incorruptible y parecerlo [...] es administrar justicia imparcial y desinteresadamente [...] que no le ocurra a nadie la tentación de irlo a provocar con dádivas [...]. Pero si en vez de esto se juega, se dan banquetes, no se paga la casa en que se vive, y se anda a la caza de los litigantes y se pignoran hasta las alhajas de la mujer ¿qué juicio se formará del magistrado?».