120 Alfonso W. Quiroz A pesar de su honestidad personal, Abascal se vio obligado a condonar la corrupción administrativa y dar cabida a unos marcados conflictos de interés entre las autoridades coloniales del más alto nivel. Según un informante de Lima, los jueces, oficiales de hacienda y miembros del cabildo se beneficiaban personalmente de sus cargos por medio de injusticias y daños al común debido al cohecho, vicio y otras granjerías.147 Otro acomodamiento clave bajo el mandato de Abascal se dio dentro de la organización militar. A comienzos del siglo XIX, los criollos comprendían aproximadamente el 50 por ciento de los oficiales del ejército regular, a pesar de la reforma militar de la década de 1780 que redujo las milicias dominadas por ellos. La administración corrupta de recursos en las unidades del ejército había sido denunciada por Ulloa, varias décadas antes, pero se hizo notoria bajo Amat y, se agudizó a partir de 1768, con la expansión de los privilegios del fuero militar.148 Durante el gobierno de Joaquín de la Pezuela (1816-1821), el penúltimo virrey español, la corrupción militar y el favoritismo alcanzaron nuevos niveles. Pezuela, un virrey tiránico y conservador, gratificaba con su favor a los oficiales reales que le eran fieles y a su círculo más íntimo.149 De hecho, este virrey dilapidó recursos vitales, dolorosamente exprimidos a los súbditos, en expediciones militares fallidas que buscaban aplastar la creciente ola emancipadora en Chile 147. Andrés Vega Salazar a M. P. S., Lima, 10 de enero de 1809, Junta Central Gubernativa del Reino y del Consejo de Regencia, Estado, leg. 54, n.° 45, ff. 1v-2, AHN. Esta crítica de los corruptos funcionarios criollos y peninsulares que se encontraban profundamente inmersos en conflictos de interés (puesto que contra lo que las normas estipulaban, ellos tenían propiedades en la zona y vínculos familiares con la élite local) nombraba a las siguientes personas: Manuel García [de la Plata], Domingo Arnaiz, José Pareja, Manuel María del Valle, Juan del Pino Manrique y Tadeo Bravo. Este último, residente en España, fue acusado de haber sobornado al primer ministro Manuel Godoy, para así obtener cargos para los miembros del cabildo de Lima. 148. Campbell, Leon. «The Army of Peru and the Tupac Amaru Revolt, 1780-1783». En Hispanic American Historical Review 56, 1976, pp. 31-57, y The Military and Society in Colonial Peru, 1750-1810 (Filadelfia: American Philosophical Society, 1978; y Marchena Fernández, Juan. «The Social World of the Military in Peru and New Granada, 1784-1810». En Fisher, John; A. Kuethe y A. McFarlane (eds.). Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990, pp. 54-95. 149. Pezuela a Secretario de Estado (Hacienda), Lima, 30 de noviembre de 1818, n.° 333, urgiendo que se concediera a «los militares algunas recompensas en la carrera de Hacienda», Gobierno, Lima, leg. 761, AGI; y Pezuela a Juan de la Madrid Dávila (Secretario del Supremo Consejo de Estado), Lima, 2 de noviembre de 1820, Gobierno, Lima, leg. 762, AGI.