No obstante, hoy todos los sectores perciben la corrupción como uno de los principales
problemas del país. Cada vez hay más conciencia de que romper el circulo vicioso es una
condición necesaria para crecer económicamente, pero en especial para construir un país
menos violento, más justo y que brinde oportunidades a todos.
Un compromiso internacional
Formular, aplicar y mantener en vigor medidas coordinadas y eficaces contra la corrupción
es, además, una obligación internacional que el país asumió el 2004. En concordancia con
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Perú se ha comprometido a
promover la participación de la sociedad y reflejar los principios del imperio de la ley; a la
debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, y a la integridad, la
transparencia y la obligación de rendir cuentas. Junto con esto, es necesario un mecanismo
eficiente y efectivo de evaluación permanente de los instrumentos jurídicos, de las medidas
administrativas adoptadas y de la intensa promoción del protagonismo ciudadano en los
espacios públicos.
Las medidas políticas deben abarcar el funcionamiento del Estado y combatir la
naturalización de la corrupción. Es un trabajo normativo y de gestión, pero también de
cambio cultural, que debe impregnarse en las familias, las escuelas, los centros de trabajo y,
por supuesto, en el propio Estado.
Nuestro encargo: propuestas para hoy
Este informe nace de la Resolución Suprema No. 258-2016-PCM, del 19 de octubre de
2016, por la cual el Poder Ejecutivo creó la Comisión Presidencial de Integridad, con el
encargo especifico de «proponer [en 45 días calendario] medidas concretas para promover
la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública, con la finalidad de
fomentar la transparencia, y prevenir y sancionar la corrupcióm>.
Por lo acotado del mandato y lo breve del plazo, el informe prioriza temas cruciales, como la
prevención y los mecanismos de denuncia, transparencia y acceso a la información pública.
Asimismo, la difusión y asimilación de los códigos de ética, el adecuado control de las
compras del Estado, las obras públicas, el tráfico de influencias, el financiamiento de los
partidos políticos y la lucha contra la impunidad. Para ello, tanto en Lima como en Arequipa,
Pucallpa y Trujillo, hemos recibido ---€ incluso acogido literalmente- aportes de autoridades
públicas y representantes de la sociedad civil, de gremios empresariales, de organizaciones
sindicales, de instituciones académicas, de expertos, de periodistas y de ciudadanos que
incluso tuvieron la oportunidad de hacernos llegar sus propuestas a nuestro correo
electrónico (comisiondeintegridad@gmail.com) .
El presente informe no tiene la pretensión de abarcar la problemática entera ni de brindar
todas las respuestas sobre la forma especifica de implementar las propuestas. Esa labor le
corresponde a cada institución involucrada, y su impulso requiere la decidida intervención de
nuestras más altas autoridades.
La complejidad del desafío debe movilizar lo mejor de nosotros: mandatarios y ciudadanos
de a pie, trabajadores independientes e integrantes del sector público y privado, mujeres y
hombres, jóvenes y mayores. En esta tarea, las redes sociales y los avances tecnológicos
pueden y deben transformarse en herramientas cruciales. Es momento de pasar de la
tolerancia a la indignación; y de la indignación, a la integridad; es decir, a la honradez, la
rectitud y la responsabilidad .
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