iii) la adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica. 69. Otorgar a la UIF la facultad de enviar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información de inteligencia sobre lavado de activos. 70. Habilitar legalmente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para proporcionar información sobre entroncamientos y vínculos familiares a solicitud de las autoridades competentes en materia de investigación y detección de delitos de corrupción y lavado de activos. XIV. FORTALECER EL SISTEMA DE DEFENSA JURíDICA DEL ESTADO 71 . Respaldar la creación de la Procuraduría General del Estado, como ente rector del Sistema de Defensa Juridica del Estado, y dotarla de los recursos presupuestales, técnicos y humanos necesarios para que cumpla cabalmente sus funciones. 72. Crear la Procuraduría contra el Crimen Organizado, que se encargue de los delitos de corrupción, tráfico il��cito de drogas, lavado de activos y procesos de pérdida de dominio para enfrentarlos sistémicamente. Asimismo, dotarla de los recursos necesarios para su buen funcionamiento, el acceso a fuentes de información y la mejora en el diseño de las estrategias de defensa jurídica del Estado. 73. Facultar a las procuradurias para obtener información de la Unidad de Inteligencia Financiera en la recuperación de activos durante la ejecución de sentencias. XV. IMPEDIR EL USO DE DINERO ILíCITO EN LAS ORGANIZACIONES POLíTICAS Y EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Es importante y urgente implementar una reforma integral de la legislación electoral para dotar a las organizaciones políticas de condiciones que garanticen su transparencia, probidad y responsabilidad, así como la de sus líderes y cand idatos. Esta es una condición esencial para prevenir y enfrentar la penetración de dineros ilícitos y la corrupción del sistema político en general. A este efecto, deben revisarse aspectos como la democracia interna, el voto preferencial y la alternancia de género, entre otros. Se propone: 74. Prohibir que personas condenadas por delitos graves, tales como corrupción , narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, se presenten como candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, prohibir que las personas que sean condenadas por delitos graves, tales como corrupción , narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, sean fundadores o ejerzan cargos directivos en las organizaciones políticas. 75. Establecer que los candidatos declaren en sus respectivas hojas de vida los procesos judiciales por este tipo de delitos en los que se encuentren comprendidos al momento de la postulación. 17